Ante las críticas a su sector, la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, responde con una sonrisa y asegura que contrariamiente a lo que se ha dicho no se ha flexibilizado la formalización de la minería artesanal y control de la minería ilegal. La economista está convencida de que este 2017 habrá un cambio positivo en su sector, mayor coordinación con los diferentes ministerios y destaca que están trabajando para comunicar mejor todo lo referente a materia medioambiental a través de la campaña ‘Infórmate para prevenir’ para concientizar a la ciudadanía.
Tras seis meses de gestión ¿Cuál es el balance de su sector? Hay críticos que hablan de retrocesos.
En principio hemos establecido un enfoque que va hacia la generación de valor de los recursos naturales para el beneficio de los ciudadanos y las comunidades.
¿Por ejemplo?
Tenemos toda la simplificación administrativa que es importante en materia ambiental porque reduce los costos de las empresas, sin que esto signifique una disminución de los estándares de la calidad. Tenemos un enfoque de crecimiento verde. Necesitamos inversiones sostenibles porque el Perú tiene que crecer y eso puede hacerse de la mano con cuidado ambiental. Prueba de ello es que estamos tomando los temas más complicados como el caso de la minería.
Pero se critica las normas sobre minería informal e ilegal ¿el decreto que refiere a esta materia marca un retroceso?
Al contrario, no hay ningún tipo de retroceso. Hay que hacer un análisis integral de las normas. Lo que se quería hacer es darle esa lógica, estamos dándole dientes a los decretos legislativos en la medida que ahora estamos modificando el código penal.
¿Específicamente?
Todas estas acciones de minería ilegal serán tratados bajo un régimen de crimen organizado ,eso significa que los procedimientos que se van a utilizar allí van a permitir llegar a todos los financiadores de esas actividades y que obviamente sabemos que (detrás) hay trata ilegal, mucha corrupción de funcionarios, etc. Se va a poder atacar fuertemente.
¿Mayores sanciones?
El funcionario público va a tener responsabilidad si no cumple su función. Esto va a ser importante porque mucho de los que se quejaban en el proceso (de formalización) anterior, era que no podían continuar con el procedimiento porque los entes competentes o gobiernos regionales no daban las facilidades. Ahora va a haber sanciones administrativas a los funcionarios. Es importante lo que estamos haciendo en simplificación. Pero eso no va a significar –de ninguna manera– una reducción de la fiscalización.
¿Por ejemplo?
Desde el inicio estamos asumiendo declaraciones juradas (para formalización), y puedo actuar inmediatamente desde las declaraciones. La minería ilegal sigue siendo ilegal conforme lo era en el decreto 1100, es decir, no es posible minería en áreas naturales protegidas, en cuerpos de agua, no se puede hacer ese tipo de minería. No se ha relajado para nada.
Uno de los problemas más delicados por la tala ilegal y la minería es la deforestación…
En estos seis meses de gestión hemos logrado recuperar justamente 500 hectáreas de aproximadamente 700 hectáreas de la Reserva Nacional de Tambopata, que habían sido invadidas con minería ilegal. Tú dirías esto ya se hizo hace varios años. La diferencia es que estamos haciendo que estas áreas no vuelvan a recibir mineros ilegales.
¿De qué manera?
Estamos haciendo que la Marina de Guerra permanezca en la zona, hemos liberado estas áreas y no queremos que vuelvan a ser invadidas. Hay una posición mucho más firme de combatir la minería ilegal y salvaguardar nuestras áreas protegidas y ambiente.
Pero este no es un primer intento de formalizar, el gobierno anterior también lo hizo.
Hemos dado una mirada a los obstáculos que no han permitido esa formalización.
¿Cómo cuáles?
Uno era el tema engorroso de los procedimientos y de lo costoso que era. Hemos trabajado en eso. Lo otro era que no tenía dientes ¿qué quiere decir esto? No había sanciones punibles donde podía haber un castigo a los delitos ambientales. Ahora los tenemos. No había un trabajo coordinado conjunto de los sectores… ahora lo estamos haciendo.
¿Quedan cosas por afinar?
Obviamente todas las normas son perfectibles. Nosotros nos hemos planteado tres años para la formalización. En este tiempo haremos evaluaciones periódicamente para ver cómo avanza el proceso y dónde tenemos que hacer las correcciones específicas. No vamos a esperar los tres años para decir si funcionó o no.
¿Habrá un monitoreo?
Sin duda. Hay un compromiso del presidente Kuczynski. Nos habíamos planteado (el objetivo de formalización) al 50% de los mineros actualmente informales. Nuestra meta es ir más allá, hacer un seguimiento y las correcciones que se tengan que hacer en el proceso si ameritan.
¿Cree que las críticas de su antecesor son injustificadas?
Sí. Como te explico aquí están pauteadas claramente las causas y por lo tanto, cómo hemos llegado a hacer los decretos legislativos. Definitivamente podrá haber necesidades de otra reglamentación que se hará vía propuesta legislativa. Lo que se ha podido hacer en este marco de las facultades se ha hecho y vamos a hablar con resultados concretos.
Ahora en los decretos legislativos se promulgó la ley de residuos sólidos ¿Qué aborda esta norma?
Hemos identificado como un tema estratégico en esta administración la gestión integral de residuos sólidos. Esto estuvo ausente en la política de los últimos años, pero es un tema prioritario y de impacto directo a cada uno de los ciudadanos. La ley de residuos sólidos es la más moderna en Latinoamérica.
¿Qué es lo que precisa?
Permite que lo que es residuos para algunas empresas sean materia prima para otras. Facilitamos administrativamente la posibilidad de esta transferencia de residuos de unos para ser materia prima de otros. Eso ayudará mucho en la creación de industrias relacionadas al reciclado. Por ejemplo, nos hablaban de los residuos de fibra de vicuña, que hoy incluso para poder exportarlas se tiene que hacer todo un procedimiento como si fuera un residuo sólido.
Un proceso más sencillo.
Se va a tener más facilidad para exportar o para trabajar (este material). Eso dinamizará mucho la economía, con lo cual no solo estamos trabajando para reducir nuestros residuos sino generando valor y empleo.
¿Qué otro aspecto abarca?
El coprocesamiento es otra actividad. Por ejemplo, las llantas, las que ya no sirven ahora van a poder ser utilizadas por la industria de cemento. De tal manera de que en ese lado facilitamos, reciclamos y usamos. Por un lado esta ley nos va a permitir generación de industrias, empleo, crecimiento. Por el otro, la ley permite facilitar convenios entre las municipalidades. El 2017 va haber un cambio sustancial en cómo miramos el tema de los residuos sólidos y en la que el ciudadano apoya.
¿Hay una meta de construir 31 rellenos sanitarios?
Nosotros tenemos un programa de inversión pública para los rellenos sanitarios. En el Perú tenemos 350 ciudades prioritarias, que necesitan rellenos sanitarios ¿Cuántos tiene el país? Tiene 11 ciudades, con 22 rellenos sanitarios. La brecha es amplia. Obviamente los recursos públicos no van a ser suficientes. Encontramos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cooperación japonesa para construir 31 rellenos, de los cuales hace tres años no se había trabajado nada. En los últimos seis meses hemos podido entrar en operación y obra, tres.
¿Donde están ubicados?
En Bagua, Oxapampa y Pozuzo. Esto ya lo hemos encontrado y facilitado. Pero tenemos un segundo programa que va a implicar que estas ciudades donde se están haciendo estos rellenos sanitarios se clausuren el botadero. Pero ya estamos con un grupo nuevo de 25 ciudades para nuevas intervenciones, esto implica relleno sanitario, maquinaria y equipamiento para que esto pueda funcionar. Con eso no llegamos a cerrar brecha, pero esta ley lo que nos va a permitir también es la inversión privada que pueda tener Asociaciones Público Privadas, Obras por Impuestos inclusive se está pensando de un fondo donde podamos canalizar financiamiento internacional.
¿Cómo se trabajará para que las inversiones sean medioambientalmente sostenibles? Sin pasivos ambientales en el caso de la minería…
Nuestro sector tiene dos entidades adscritas ligadas al tema de fiscalización y certificación ambiental: el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), estamos trabajando con todos nuestros órganos adscritos.
¿Se están transfiriendo competencias al Senace?
El Senace que ve las obras de gran envergadura y está recibiendo la transferencia de las competencias que estaban en los propios sectores a esta institución, que es técnicamente competente. Tenemos minería, hidrocarburos y transportes que ya han sido transferidos y ya tenemos una programación de transferencia de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por ejemplo, no queremos los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) enciclopédicos, sino los analíticos, los que vayan realmente a los temas importantes que justamente buscan evitar el daño ambiental.
Los Estudios de Impacto Ambiental como en el caso de Tía María suelen ser cuestionados.
Estos problemas han sido heredados, porque estos EIA antes no estaban en manos del Senace sino de los sectores. Estamos entrando a una mirada mucho más institucional y científica, pero también acompañando el proceso de los EIA porque tiene que tener una mejor comunicación con las comunidades. Una participación, pero informada.
Por casos pasados, las poblaciones cada vez rechazan más los proyectos extractivos
Por el lado de la OEFA hemos planeado para este año lo que llamamos una acción de prevención, que implica ir a estas zonas donde sabemos que son susceptibles de haber problemas y vamos a hacer una caracterización del estado del suelo, aire y agua. Esto ayudará bastante a la población a reconocer cuál es la situación de calidad de su propio ecosistema, independientemente venga o no venga inversión. Esto es importante porque si hay contaminación, hay que resolver este tema.
¿Cómo va el avance del nuevo reglamento de la OEFA?
Lo que estamos haciendo es actualizar el reglamento de supervisión porque encontramos mucha discrecionalidad. Donde hay discrecionalidad hay problemas. Lo que estamos haciendo es protocolos, que el reglamento de supervisión sea muy estricto y muy claro, de tal manera que no haya discrecionalidad de los funcionarios, ni de nadie.
¿Cuándo saldría este reglamento?
En este mes que viene deberíamos tenerlo listo.
¿OEFA tendrá una verdadera capacidad sancionadora?
Tenemos las facultades en casos de todos los sectores que ve la OEFA, lo que estamos haciendo es afinando todo para que las multas no sean discrecionales
La República