protestas en Perú

La calificadora de riesgo advierte que el malestar social y la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones generales pueden lastrar de forma duradera la economía, socavar la confianza de los inversores y afectar la actividad económica del Perú en los próximos años.

Ver informe: https://www.moodys.com/research/Moodys-changes-outlook-on-Perus-Baa1-rating-to-negative-affirms–PR_473054

La calificadora de riesgo Moody’s ha revisado de estable a negativa la perspectiva de las calificaciones de emisor a largo plazo, tanto en moneda local como extranjera de Baa1 del Gobierno de Perú.

De acuerdo al informe de la agencia, el cambio de perspectiva se debe a que se han intensificado los riesgos sociales y políticos del país, lo que amenazan, en los próximos años, con “un deterioro de la cohesión institucional, la gobernabilidad, la efectividad de las políticas y la fortaleza económica a través de los sucesivos gobiernos”.

La afirmación de la calificación Baa1 refleja la opinión de Moody’s de que la calidad crediticia soberana sigue anclada en la fortaleza del balance del gobierno y la expectativa de Moody’s de que las instituciones y políticas generales de Perú demostrarán ser efectivas en el futuro para contener la erosión de la fortaleza fiscal y económica a pesar de las presiones provenientes del entorno sociopolítico.

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Asimismo, Moody’s señaló que los límites máximos de moneda local y extranjera de Perú siguen sin cambios en Aa3. “Se mantiene la diferencia de cuatro niveles entre el techo en moneda local y la calificación soberana, lo que refleja la falta de huella relativamente baja del gobierno en la economía y el sistema financiero”.

Además, refiere que la falta de una brecha entre el techo de moneda extranjera y el techo de moneda local refleja la ausencia de restricciones de balanza de pagos, controles de capital, controles de tipo de cambio y restricciones en moneda extranjera o local.

Fundamentos de la calificación

La calificadora señaló que los riesgos sociales y políticos aumentan los desafíos para la gobernabilidad, la eficacia de las políticas y la fortaleza económica del Perú, por las siguientes razones:

– El malestar social tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, junto con los riesgos políticos asociados, amenazan con debilitar la fortaleza de las instituciones y la gobernabilidad de Perú, y en particular la gobernabilidad y la eficacia de las políticas a lo largo del tiempo. Asimismo, las perturbaciones políticas y sociales persistentes corren el riesgo de erosionar aún más la inversión, con consecuencias negativas para la solidez económica.

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– Las confrontaciones sociales recurrentes, que denotan una incapacidad para abordar el descontento social, corren el riesgo de socavar la gobernabilidad al absorber una capacidad ejecutiva significativa. Además, de socavar aún más la credibilidad del poder legislativo, potencialmente más allá del actual gobierno de transición.

– A su vez, este entorno corre el riesgo de restringir la capacidad de adoptar reformas que mejoren el clima de inversión y abordar de manera efectiva los desafíos estructurales de Perú.

– Asimismo, los conflictos sociales recurrentes pueden conducir a un deterioro gradual de la fortaleza institucional y dar como resultado que los gobiernos sucesivos tengan mandatos débiles con una capacidad reducida para preservar la continuidad de las políticas y un enfoque a mediano plazo para la formulación de políticas.

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Moody’s también señaló que, pese a que la confianza empresarial se recuperó tras la destitución de Pedro Castillo como presidente en diciembre, el malestar social y la incertidumbre sobre el resultado de las próximas elecciones generales pueden lastrar de forma duradera la economía, socavar la confianza de los inversores y afectar la actividad económica del Perú en los próximos años.

Riesgos del perfil crediticio peruano

Además, la calificadora internacional indicó que el fortalecimiento de los indicadores de gobernabilidad, en particular los relacionados con las instituciones políticas, la corrupción y la economía informal, mejoraría la solvencia soberana.

También señaló que un proceso constitucional para instigar una amplia revisión y modificación del modelo económico y el marco de políticas debilitaría las bases estructurales del perfil crediticio de Perú y también podría conducir a una rebaja de la calificación crediticia.