Según el jefe del Consejo Machiguenga del Río Urubamba (Comaru), Agilio Semponi, la empresa Odebrecht ya empezó a realizar trabajos de campo en los territorios donde se ubicará el primer ducto del Gasoducto Sur Peruano, pero sin contar con la licencia social de las poblaciones involucradas.
“Ellos ya empezaron a operar, sin tener la aprobación respectiva, ni mostrar los estudios que demanda la ley. Nosotros somos quienes vivimos ahí y no estamos de acuerdo con ese procedimiento”, expresó al referir que están solicitando una reunión con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solucionar este tema, sin generar más conflictos sociales.
Se trataría de 18 comunidades nativas del Bajo Urubamba quienes habrían acordado no acceder a las intenciones de la empresa brasilera de suscribir contratos de arrendamiento de terrenos, mientras no se haga caso a su demanda.
Según el representante de Desarrollo, Ambiente y Recursos Naturales (Dar), Diego Saavedra, dichos contratos no establecen claramente para qué serán usados los terrenos, pues se indica indistintamente que servirán para campamentos, helipuertos o botadero de desechos.
Semponi aclaró que ellos no están en contra del Gasoducto Sur Peruano o de otro tipo de inversiones en la zona, ya que éstas representan una oportunidad para sus poblaciones, pero dejó claro que exigirán el respeto de sus derechos.
La República