Enrique-Guevara-Varela

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) ha designado oficialmente a Enrique Michael Guevara Varela como su nuevo jefe, tras una resolución suprema emitida el lunes 14 de octubre de 2024. La medida, refrendada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, marca el inicio de una nueva etapa en la entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normativas laborales en el Perú.

Enrique Guevara Guevara es abogado de la Universidad César Vallejo, donde también obtuvo una maestría en Gestión Pública. Se desempeñó como asesor de despacho en la misma institución. Además, ha sido subgerente de Inspección del Trabajo en la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de La Libertad. También trabajó en la Fiscalía Mixta Provincial Corporativa de Pataz.

Retos que enfrenta Sunafil

Uno de los principales retos de Guevara será fortalecer las inspecciones laborales, tanto en términos de cobertura como de calidad. Las inspecciones son un mecanismo clave para garantizar que las empresas cumplan con las normativas en materia de salario, seguridad y salud en el trabajo, entre otros aspectos. Bajo su liderazgo, se espera que la Sunafil pueda mejorar los tiempos de respuesta y asegurar una mayor presencia en todo el país, especialmente en las regiones más alejadas.

Procedimientos Sancionadores

Otro aspecto que necesitará especial atención es el procedimiento administrativo sancionador. La correcta gestión de las sanciones a las empresas que incumplen las normativas laborales es esencial para mantener un sistema justo y equitativo. Durante su gestión, Guevara tendrá la tarea de revisar y optimizar este proceso, asegurando que las sanciones sean proporcionales y se ejecuten de manera oportuna.

Importancia de la Fiscalización Laboral en el Perú

El papel de la Sunafil en el Perú es crucial para mantener el equilibrio entre empleadores y empleados. La entidad no solo supervisa las condiciones laborales, sino que también interviene en casos de incumplimiento, emitiendo sanciones cuando corresponde. Sin una fiscalización adecuada, muchas empresas podrían incurrir en prácticas ilegales o injustas, lo que afectaría directamente a los trabajadores y al mercado laboral en general.