Para Nuria Esparch, gerente senior de Relaciones Institucionales de Southern Peru Copper Corporation, la situación en nuestro país es clara: sin un Servicio Civil fortalecido, poco es lo que se podría avanzar para generar crecimiento económico y desarrollo en el país.
Así lo indicó en el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, donde compartió su punto de vista en un panel junto a otros especialistas vinculados al sector minero.
“Creo que parte de la institucionalidad central del Estado, de lo que tiene que hacer para que se generen las condiciones habilitantes no solo para lograr encadenamientos productivos, sino en general para el desarrollo humano es generar un servicio civil potente”, remarcó.
Agregó que es prioritario contar una carrera profesional en el Estado, que permita que los profesionales que se incorporen tengan un ambiente idóneo, en el cual puedan desarrollar su carrera y también generar las condiciones necesarias para impulsar las industrias y contar con un entorno de negocio más positivo.
De otro lado, la representante de Southern Peru Copper Corporation refirió que el encadenamiento productivo no es suficiente para sustentar el desafío de la actividad minera, porque no cambia el rostro del territorio.
“Una de las preguntas que me hacía durante la presentación es si era suficiente el encadenamiento para sustentar el desafío de la actividad minera, y la impresión que tengo es que no, porque si bien hay un efecto positivo, esto no cambia la cara del territorio”, mencionó.
Aseveró que el encadenamiento pareciera que sirve solo a otros sectores en alianza con la minería, como puede ser construcción, agricultura o industria textil.“Los encadenamientos creo que vistos a la luz del territorio implican salir de lo minero y reconocer la existencia de otros recursos humanos, logísticos, industriales e incluso el propio Estado”, añadió.
Sumarse a beneficios
Por su parte, Elinor López, socia de Social Capital Group, señaló que los conflictos sociales vinculados a la minería se originan por el deseo de la población de también beneficiarse de los recursos que genera la actividad.
“Si nosotros analizamos las cifras de la Defensoría del Pueblo, en el reporte de abril de este año, tenemos que el 65% de conflictos son considerados socioambientales. De ese 65%, el 67% está originado por la minería. Pero si miramos los conflictos, estos se basan en su mayoría n ser incluidos dentro de un convenio o un fondo o ser incluidos dentro del área de influencia de la mina”, precisó.
En ese sentido, argumentó que los conflictos, pese a denominarse de carácter socioambiental, el verdadero deseo de la población es que ellos también quieren verse beneficiados por los recursos de la minería.
“Y en las zonas donde no hay minería y hay conflictos la gente reclama porque no tiene servicios públicos, no tiene educación de calidad, no tiene agua ni desagüe ni luz. Entonces, lógicamente si tienes una población insatisfecha, esta va a reclamarle al gobierno. Ellos son seres humanos y merecen tener estos beneficios”, acotó.
En tanto, Gabriel Daly, director ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), complementó que el sector privado ha tenido un rol en los encadenamientos productivos, pero ha sido limitado.
“[El encadenamiento productivo] no va a poder explotar o escalar de manera grande mientras no exista una política publica que genere estas condiciones”, advirtió.
De esta manera, sugirió que desde el sector privado lo que se pude hacer es seguir trabajando con la modalidad de obras por impuestos, pero muy ligado a la potencialidad del territorio donde se está desarrollando.
“Los gobernadores regionales y locales tienen que hacer un estudio, tienen que entender cuál es el potencial del territorio de su región y provincia para poder capitalizar y desarrollar esas empresas que tienen un potencial enorme, porque eso a su vez genera recursos para que las mismas regiones no se vuelan dependientes de las transferencias del gobierno central”, indicó.
Fuente: IIMP