Una de las características fundamentales de todo sistema democrático, como el peruano, es la independencia de sus organismos públicos y la autonomía de sus decisiones.
Resulta pues extraño que una institución del Estado peruano como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), le diga a otra, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), vía comunicado público, cuál es la decisión que debe tomar respecto a temas que son de su exclusiva competencia, como el caso del aporte por regulación.
¿Es un “método innovador” para sensibilizar públicamente al INDECOPI para que emita un fallo a favor del OEFA? ¿Estamos frente a un intento de interferencia en la decisión autónoma de una institución pública?
Cada institución tiene un rol que cumplir. El INDECOPI es una institución técnica y solvente, que no merece presiones de ningún tipo para tomar decisiones respecto a los asuntos de su competencia. El OEFA, como organismo de fiscalización ambiental, debe financiarse con recursos del presupuesto nacional, arancel o reembolso según corresponda, lo cual ha funcionado desde hace muchos años sin mermar la calidad de la fiscalización.
SNMPE
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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