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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con el objetivo de generar una alianza estratégica para el ejercicio eficaz, eficiente y articulado de la función de supervisión de fuentes de agua, celebraron un convenio de cooperación interinstitucional, que permite que ambas instituciones realicen supervisiones conjuntas o por encargo en temas de competencia sobre sus administrados de acuerdo a los procedimientos que se establezcan.
A partir de la suscripción de este convenio, el OEFA y la ANA supervisarán el cumplimiento de las obligaciones ambientales básicas respecto de sus administrados, con la finalidad de generar una intervención eficiente del Estado en su conjunto, reduciendo costos y obteniendo información útil para efectos de que ambas entidades decidan si les corresponde intervenir con posterioridad en el marco de sus competencias.
En ese sentido, dicho convenio busca promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas exigibles a ambas instituciones respecto al cuidado de los recursos hídricos, así como fomentar mecanismos de coordinación e intercambio de información para el fortalecimiento de las capacidades de cada entidad.
Tessy Torres, presidenta del Consejo Directivo del OEFA, y Walter Obando Licera, jefe de la ANA, participaron en la ceremonia de suscripción de este convenio, y se comprometieron a realizar acciones de apoyo mutuo y de asistencia técnica en temas de interés común.
Este convenio se alinea a los principios que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha formulado en materia de fiscalización, pues recomienda la acción conjunta y coordinada de las entidades que realizan fiscalización con la finalidad de fomentar el cumplimiento, optimizar recursos en cada una de las intervenciones y evitar que el Estado requiera, de manera reiterada, un mismo tipo de información a sus administrados.
Asimismo, con el presente convenio se promoverá la implementación de programas conjuntos de difusión y capacitación dirigidos a los trabajadores de las empresas relacionadas con las actividades de los sectores minería, energía, pesquería e industria manufacturera con relación a sus derechos y obligaciones.
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