Negociación policial en Pataz. Foto: PNP
En un impresionante operativo en Pataz, La Libertad, las autoridades desarticularon una operación de minería ilegal, enfrentándose a hombres armados y explosivos en socavones clandestinos. Sin embargo, la decisión fiscal de liberar a la mayoría de los detenidos ha generado controversia y preocupación sobre la efectividad del sistema judicial en la lucha contra la criminalidad en el sector minero.
El operativo, desplegado por un gran contingente policial, reveló la complejidad y peligrosidad de la actividad minera ilegal en la región. Las autoridades encontraron armas de fuego, explosivos y un sofisticado equipo de minería dentro de los socavones, evidenciando la magnitud del problema y el desafío para mantener el orden y la seguridad en la zona.
Tras horas de enfrentamientos y una laboriosa operación de captura, un total de 40 mineros ilegales fueron detenidos en varios niveles de los socavones y en sectores cercanos. Sin embargo, la sorprendente decisión del fiscal de liberar a la mayoría de los detenidos ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficacia de las acciones legales para combatir la minería ilegal.
El general PNP José Zavala, jefe de la Región Policial La Libertad, expresó su sorpresa y preocupación por la liberación de los detenidos, especialmente teniendo en cuenta las evidencias encontradas, que incluían armas de fuego, municiones y explosivos. Esta decisión ha llevado a una queja formal ante el órgano de control interno del Ministerio Público, en un intento por entender las razones detrás de esta medida.
El fiscal provincial provisional Enrique Valverde explicó que diversas limitaciones logísticas en la zona impidieron la conclusión adecuada de las diligencias legales en las primeras 48 horas posteriores a las detenciones. La falta de resultados de pericias y la imposibilidad de trasladar a los detenidos debido al mal tiempo fueron citados como factores que dificultaron el proceso judicial.
A pesar de estas dificultades, el fiscal Valverde subrayó que se están cumpliendo con los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal y que la investigación sigue en curso. Sin embargo, la liberación de la mayoría de los detenidos ha generado preocupación sobre la capacidad del sistema judicial para hacer frente a la criminalidad en el sector minero.
La minería ilegal en La Libertad ha creado un ambiente propicio para la proliferación de bandas criminales que extorsionan a empresarios y a la población local. Nueve bandas criminales, algunas de ellas conformadas por peruanos y extranjeros, operan en la región, utilizando la minería ilegal como fuente de ingresos y control territorial.
La compañía minera La Poderosa ha sido especialmente vulnerable a la actividad de estas bandas criminales. En diciembre del año pasado, un grupo armado atacó la empresa, resultando en la muerte de nueve trabajadores y varios heridos. Este incidente resalta la gravedad del problema y la necesidad de medidas efectivas para abordar la criminalidad en el sector minero.
En resumen, el operativo en Pataz ha puesto de manifiesto los desafíos y la complejidad de la lucha contra la minería ilegal en La Libertad. Si bien las autoridades han logrado desarticular una operación importante, la liberación de los detenidos plantea interrogantes sobre la efectividad del sistema judicial y la capacidad para combatir la criminalidad en el sector minero.