Carlos Casas, director del Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico (Foto: ProActivo)
Especialistas de la SNMPE, First Quantum Minerals, Epiroc y la academia coincidieron en que, pese a contar con una cartera minera de US$ 64 mil millones, desarrollar una mina en el Perú toma hasta 45 años por trabas regulatorias, ausencia del Estado y expansión de la minería ilegal.
Por Mónica Belling
El Perú enfrenta el reto estructural de transformar el nuevo ciclo global del cobre y los minerales críticos en desarrollo territorial real, superando un aparato estatal lento donde madurar un proyecto minero puede tomar hasta 45 años —casi el triple de los 17 años del promedio internacional.
La cifra fue revelada durante el panel, “La demanda creciente de cobre y los minerales críticos: oportunidades para el desarrollo sostenible en América Latina”, organizado por la Universidad del Pacífico y moderado por Carlos Casas, director de su Centro de Estudios en Energía, Minería y Sostenibilidad. Aunque el país posee ocho de los 17 minerales críticos identificados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y una cartera de proyectos estimada en US$ 64 mil millones (70% en cobre), los panelistas advirtieron que lograr dichas inversiones exige reformas urgentes.
Desde la academia, el profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), José Carlos Orihuela, planteó que el Perú ya consolidó estabilidad macroeconómica de corto plazo —con un Banco Central autónomo y un Fondo de Estabilización Fiscal—, pero enfrenta la interrogante de fondo de superar la «ventaja comparativa estática» y el modelo de «desarrollo dependiente» mediante ciencia, tecnología y diversificación productiva.
“Seguiremos siendo un país minero impulsado por la transición energética, el cambio tecnológico y la geopolítica; la interrogante de fondo es si esto generará un desarrollo económico sostenible más allá del puro aprovechamiento de recursos no renovables”, señaló Orihuela, en declaraciones recogidas por ProActivo.
Para el investigador, la geografía económica demuestra que los costos y beneficios de las industrias extractivas no se distribuyen de manera uniforme en el territorio, por lo que alcanzar una sostenibilidad amplia exige construir instituciones capaces de impulsar tanto políticas industriales como una regulación ambiental efectiva.
“Los estados no son entes congelados ni predestinados; son construcciones sociales. En el Perú, existe una agenda pendiente respecto al aparato estatal”, sostuvo, añadiendo que debe entenderse a la sostenibilidad como un proceso continuo de aprendizaje nacional para no repetir crisis pasadas.
Ausencia estatal y la amenaza de la minería ilegal
En esa misma línea institucional, la directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Ángela Grossheim, precisó que, excluido el 49% del territorio nacional que corresponde a áreas protegidas, del 48% disponible para actividad minera apenas el 17% está explorado o explotado.
“El Estado debe mirar los proyectos de manera sistémica y no como evaluaciones aisladas por entidad, contando con información sistematizada para una gestión integral a lo largo del tiempo”, afirmó Grossheim.
La líder gremial subrayó además que la ausencia histórica del Estado en las zonas altoandinas y amazónicas traslada toda la presión social a las empresas formales, generando mesas de diálogo donde se firman compromisos inviables —como aeropuertos sin sustento técnico ni geográfico— que luego derivan en conflictividad por incumplimiento estatal.
“Cuando las empresas ingresan a una zona, todas las expectativas recaen sobre ellas al ser el único actor relevante alrededor. Sin embargo, un gran aprendizaje es reconocer que nunca van a reemplazar al Estado, ni tampoco deben hacerlo”, enfatizó.
A este vacío institucional se suma el avance violento de la minería ilegal en enclaves como Pataz, La Rinconada, Atico y Nanay. Grossheim alertó que ya no se trata de actividad de pequeña escala, sino de organizaciones que disputan el control territorial: “Es el control de los territorios sobre la base de la vulneración permanente de los derechos humanos. Este es un tema que nos debe hacer prestar atención y tomar acciones y políticas públicas muy claras”, advirtió.
Brecha global de oferta y el riesgo de burocratizar los criterios ESG
Desde el frente empresarial, el Country Manager en Perú de First Quantum Minerals, Jorge Benavides, explicó que el déficit mundial de cobre —proyectado entre 2028 y 2030 ante aumentos de demanda de 50% al 2040 (S&P Global) y 61% al 2050 (Bloomberg)— ha llevado el precio del metal cerca de los US$ 7 por libra. Sin embargo, advirtió que el Perú pierde competitividad frente a otros destinos por los plazos de hasta 45 años estimados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), afectando especialmente a regiones como Cajamarca, que concentra el 26% de la cartera minera nacional pese a sus altos índices de pobreza.
“La competencia global por atraer recursos será cada vez mayor y debemos posicionarnos como un destino atractivo, actuando con sentido de urgencia”, indicó Benavides.
Respecto a los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), el ejecutivo reconoció que han elevado las exigencias desde el diseño temprano de las minas, pero alertó sobre la proliferación de auditorías y certificaciones desconectadas de la realidad local: “Debemos evitar que la calidad del reporte se confunda con la calidad de la gestión… El mejor indicador del desempeño se mide en el campo, interactuando con las personas”.
Innovación tecnológica y una cultura de evaluación
Por su parte, el gerente general para la región Andes y Caribe de Epiroc, Alfredo Bertrand, destacó que, frente a un superávit global de apenas 150 mil toneladas de cobre fino (0,5% de la producción mundial), los proveedores tecnológicos ya cuentan con soluciones disponibles —hoy adoptadas entre un 40% y 70%— capaces de elevar entre 6% y 8% la producción actual, además de impulsar una «minería regenerativa» con flotas eléctricas, operaciones remotas y mayor inclusión de mujeres operadoras.
“Ahora promovemos generar un impacto positivo mediante la minería regenerativa”, señaló Bertrand, resaltando que empresas peruanas especializadas en gestión social ya exportan sus servicios a mercados como República Dominicana.
Al cierre del encuentro, Carlos Casas coincidió en que articular al Estado, empresa, proveedores y academia exige superar el temor político a la autocrítica: “En el Perú es fundamental incorporar la cultura de la evaluación, superando el temor político a evaluar por miedo a admitir errores. Esta es una oportunidad para generar riqueza e incorporar conocimiento en ella”.



























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