La norma actual permite que se exploten los recursos cuando el Estado los declara de necesidad pública, y se procede a hacerlo en estricto apego a lo que definen la ley y las normativas vigentes de protección ambiental.
Lo que se hace ahora es eliminar esa cláusula y generar una enorme incertidumbre al someter a revisión actividades que ya están comprometidas en función de contratos suscritos por el Estado peruano. Es un mecanismo ilegal y pernicioso para los intereses del país.
Se comprometen una serie de lotes importantes donde hay producción que se está generando. El proyecto plantea una amenaza para la seguridad energética del país, además de afectar intereses de empresas que actuando de buena fe han suscrito contratos con el Estado.
Fuente: Gestión
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