Pablo de la Flor (Foto: GEC)
El director ejecutivo de la SNMPE habla del potencial del sector minero como motor para la recuperación económica del país.
El currículum de Pablo de la Flor es extenso y heterogéneo. A sus 59 años, el loretano se ha desempeñado en la empresa privada, en cargos como gerente del Banco de Crédito o vicepresidente de Minera Antamina; y en el sector público, donde, entre otros cargos, fue viceministro de Turismo y Comercio Exterior en el gobierno de Alejandro Toledo. Hoy, como director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) su palabra permite estudiar el panorama al que se enfrenta el país, con miras a su urgente recuperación.
¿Podemos esperar que la minería impulse la recuperación económica del país?
Es una expectativa fundada en las potencialidades de un sector que claramente se perfila como uno de los principales motores del crecimiento en el Perú. La minería representa aproximadamente 10 puntos del PBI, además de explicar el 60% del total de exportaciones, y es responsable de casi un millón y medio de puestos de trabajo directos e indirectos. Además de la rica diversidad de recursos geológicos que el país tiene, contamos con una cartera de casi USD 60 mil millones en proyectos, aproximadamente 50, que podrían rápidamente ponerse en valor, generando a su vez 600 mil nuevos puestos de trabajo. Desde cualquier punto de vista, apostar por la minería representa un impulso notable para la economía peruana en una coyuntura de particular complejidad, debido a la ralentización del crecimiento.
¿En cuánto tiempo cree usted que se va a recuperar el ritmo de la producción minera?
La suspensión de actividades y la política estricta de aislamiento social devino en prácticamente el cese de operaciones del sector minero. Mientras en otras latitudes la industria minera siguió operando con normalidad, en el Perú básicamente se limitó a actividades de mantenimiento. Eso ha significado una contracción importante. Solo como referente, el PBI minero en mayo básicamente se redujo a la mitad de los niveles que había alcanzado un año antes. Desde entonces, hemos venido experimentando una importante recuperación. En julio debemos ver los primeros síntomas de una recuperación casi al 95% de las actividades. Igual nos deja un déficit con respecto a los volúmenes de producción. Creo que ahora el gran desafío es cómo logramos recuperar el terreno que perdimos durante esos tres meses de marzo a mayo.
“Si no hubiera sido por la eficacia y el desempeño de las empresas contratistas, no habríamos logrado recorrer el camino que hemos andado con esta velocidad, en una coyuntura de crisis sanitaria como la que nos ha tocado vivir”.
¿Cuál es el papel que vienen cumpliendo las empresas contratistas en este proceso de reactivación minera?
Creo que las empresas contratistas han sido unos socios dinámicos muy importantes en este proceso de recuperación. Si no hubiera sido por la eficacia y el desempeño de las empresas contratistas, no habríamos logrado recorrer el camino que hemos andado con esta velocidad, en una coyuntura de crisis sanitaria como la que nos ha tocado vivir. Creo que es un testimonio de la competitividad y de los altos estándares que tienen los contratistas mineros en el Perú.
El ministro Luis Miguel Incháustegui ha dicho que atenderá los conflictos sociales con un enfoque preventivo. ¿Cuáles son sus proyecciones sobre el tema?
Es importante para el desarrollo minero del Perú poder abordar con determinación la solución de esta situación compleja generada por la conflictividad en las zonas de influencia minera. Sin embargo, no podemos perder de vista cuáles son los factores condicionantes de la misma. Difícilmente vamos a poder resolver la problemática de la conflictividad si es que no fortalecemos la capacidad del Estado de responder a las expectativas y demandas de la población en estas zonas. La persistencia de importantes déficits sociales en una coyuntura de holgura fiscal producto de las transferencias del canon a los gobiernos regionales y locales crea el caldo de cultivo del cual se nutre la conflictividad.
¿Qué mejoras resaltaría en el sector?
Una de las importantes noticias este año es que, después de casi dos años y medio de negociaciones y discusiones en el seno de la mesa ejecutiva mineroenergética que viene liderando el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos podido ponernos de acuerdo en unas modificaciones que fueron aprobadas justo antes del cambio de gabinete y que nos han permitido avanzar con la simplificación administrativa, sobre todo en el ámbito de los procedimientos mineros. Por otro lado, está el reglamento de procedimientos ambientales para la exploración. Creo que son dos hitos muy importantes. Yo diría que el elemento común en estas dos modificaciones ha sido la incorporación del silencio administrativo positivo, que va a contribuir de manera significativa a acelerar los procedimientos y le va a dar una dinámica distinta a las inversiones, sobre todo en exploración.
¿El gobierno está haciendo lo suficiente para promover la inversión minera?
Hemos tenido un avance importante, pero hay todavía un espacio enorme de mejoras. Tenemos más de 260 permisos y autorizaciones que involucran a casi 30 órganos públicos distintos. Creemos que, en una coyuntura como esta, en la que necesitamos toda la inversión que podamos atraer, es necesario abocarnos a simplificar estos procedimientos, sobre todo aquellos que no generan ningún valor y solamente entorpecen la actuación de los agentes económicos. El ministerio está apuntando a tener este año una inversión de USD 4800 millones. Nosotros estamos proyectando flujos de inversión del orden de los USD 4200 a USD 4500 millones. Nos preocupa sobre todo lo que está ocurriendo con la inversión en exploraciones, que este año seguramente va a registrar su tercera caída consecutiva. Necesitamos de esos flujos de inversión para generar un mayor número de proyectos y, de esa manera, potenciar el crecimiento del sector.
Fuente: El Comercio