Augusto Cauti Barrantes

Por: Augusto Cauti Barrantes (Abogado, consultor y exviceministro de Minas)

Hace varios meses venimos atravesando un entorno favorable internacional para el mercado de los commodities mineros con los que cuenta el Perú. En particular, los precios de cotización de metales preciosos o de reserva como el oro y la plata; y metales básicos o industriales como el cobre, el molibdeno, el plomo y el zinc.

Así, en el año 2021, el Perú alcanzó la cifra récord de 39,637 millones de dólares americanos en exportaciones. Son recursos que ingresan al país a contribuir con la estabilidad monetaria y cambiaria, que evitan un mayor incremento de la inflación y permiten cubrir adquisiciones relevantes en insumos o equipamiento médico relevante para afrontar la pandemia, entre otros usos importantes para la población. Debe resaltarse que ello ha venido ocurriendo debido a que las empresas mineras han operado en tiempos inciertos y complejos, bajo los embates de la pandemia.

Ante el contexto mundial favorable anteriormente descrito, no sólo se han incrementado las rentas que deviene en el pago de más impuestos, sino que se han acrecentado las inversiones que, a su vez, generan puestos de trabajo y activan las cadenas de proveedores de la actividad.

Asimismo, es destacable el aumento de los presupuestos a nivel mundial para realizar actividades exploratorias, tan necesarias para darle sostenibilidad al sector minero en beneficio de las futuras generaciones.

Cabe reiterar que, las exploraciones permiten nuevos descubrimientos que se suman a la producción y reemplazan recursos que se van agotando al caer las leyes de las minas más viejas.

Mientras, en el Perú, vemos que hace unos meses el nivel de conflictividad social se ha visto en aumento y, en especial, se ha dado en zonas aledañas a operaciones mineras en las que no se tenían registro de ese tipo de conflictividad.

Según la Defensoría del Pueblo, los paros, huelgas y marchas pasaron de 171 acciones en el mes de julio del 2021 a 208 acciones en marzo del 2022, mientras que los conflictos sociales se elevaron de 195 en julio del año pasado a 208 en marzo del año en curso (160 activos y 48 latentes); de los cuales, 133 se vinculan a temas socio-ambientales y, de estos últimos, 87 se relacionan con la actividad minera y 26 con la actividad de hidrocarburos (ambos sectores se encuentran bajo la competencia del Ministerio de Energía y Minas).

Cabe anotar que 131 de esos conflictos están vinculados a quehaceres del gobierno nacional, mientras que 55 atañen a asuntos relacionados con los gobiernos regionales. Podemos agregar que las regiones de Loreto, Cusco y Áncash concentran la mayor cantidad de conflictos en una misma región, no obstante tratarse de regiones que gozan de mayores recursos provenientes de la distribución que se realiza por el canon.

Si bien este incremento de la conflictividad interna obedecería a malos manejos de políticas públicas y de manejos institucionales inadecuados, también hay que sumarle el creciente nacionalismo por los recursos que se viene presentando en ciertas regiones del mundo, como en Sudamérica -en unos casos con una dosis más populista que en otros casos-.

Tendencias

Ahora bien, tendencias mundiales como inventarios escasos a nivel mundial, sistemas logísticos globales afectados, creciente expectativa a la baja en la demanda por los cierres ante el Covid-19 en China e impactos negativos económicos en ciertos lugares del mundo, serán parte de la incertidumbre, dificultad y complejidad en que el entorno internacional se moverá durante los tiempos próximos. A más largo plazo, las suspicacias, quejas y cuestionamientos ambientales y sociales no serán parte de un marco mundial más calmo, y se puede prever que será más costoso y difícil operar en ese escenario e iniciar nuevos proyectos.

Al mismo tiempo, los precios de la mayoría de los metales principales o más relevantes se encuentran aún en niveles históricamente altos y no han caído significativamente desde los máximos registrados desde hace varios meses.

Así, el oro ha subido en un 20% desde que la pandemia azotara occidente en marzo del 2020, registrando máximos históricos luego del año 2012. En el caso del cobre, desde marzo de 2020, se han registrado picos de precios que no se veían desde el año 2013 y que se han situado por encima de 6,000 dólares americanos por tonelada durante estos últimos dos años.

Probablemente, estos precios se mantendrían. En el caso del oro, por ser un bien de refugio ante las preocupaciones de crecimiento mundial y la posible alza de la inflación; mientras que, para el cobre, deberá apreciarse los avances que puedan darse en el oportuno regreso a una cierta normalidad en la vida económica de China especialmente.

En consecuencia, creemos que las empresas mineras tendrán que enfrentarse y adaptarse a las nuevas circunstancias y tendencias globales que van desde priorizar la seguridad y bienestar de sus colaboradores y cadenas de valor, innovar en nuevas tecnologías para mitigar los impacto del covid-19 y sus variantes, intensificar la automatización y digitalización de sus operaciones, implementar mayores protocolos de bioseguridad en unidades mineras, mejorar los programas de capacitación y entrenamiento de aquellos suministros críticos para la continuidad de sus operaciones, así como mejorar las herramientas de relacionamiento en los territorios en los que opera, y participar proactivamente en los desarrollos regionales de las poblaciones en áreas aledañas e innovar en nuevos modelos de colaboración con sus zonas de influencia directa aunque también en ámbitos mayores regionales y nacionales que busquen lograr la mejora del desarrollo y la calidad de vida humana de las personas.

Revista-ProActivo

Esta nota es parte de la edición N° 210 de la Revista ProActivo.
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