La formalización de la pequeña minería es mucho más difícil de gestionar, y esa función debería recaer en el gobierno nacional.

En medio del debate sobre la nueva Ley de Minería, el viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), comenta que se deben revisar los niveles de responsabilidades que tienen los diferentes niveles de gobierno.

Así, Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, comenta que en base a las normas vigentes se ha dejado a los gobiernos regionales la responsabilidad de la pequeña minería a las regiones, mientras que al gobierno nacional a la gran minería.

“La pequeña minería es mucho más difícil de gestionar que la gran minería y eso es porque tenemos miles de actores, porque la mayoría son informales”, expresó.

Ver también:  Buenaventura intensifica su exploración minera con nuevos petitorios en Arequipa y Cusco

Remarcó que, los gobiernos regionales muchas veces no tienen la capacidad de regular los procesos de formalización de la minería, además de no contar con los recursos para hacerlo.

“Vale la pena repensar la complementación de responsabilidades y funciones del gobierno local, regional y nacional en la gestión del sector minero, y haya que darles responsabilidades más claras a los gobierno regionales”, dijo.

En esa línea considera que, en este debate debería ser el gobierno nacional quien tenga el proceso de formalización de la actividad minera, y que en las regiones se deriven otras competencias, como la supervisión, así lo indicó a Gestión.

“Es por la proximidad a las operaciones que tienen”, precisó.

Ver también:  Premier Adrianzen afirma que ampliar el Reinfo no es la mejor solución

En general comenta que se deben recuperar algunas competencias y reasignarse otras a las regiones en función a las capacidades de la regiones o municipalidades.

Municipalidad en gestión de diálogo

De la misma manera, Molina comentó que los gobiernos locales o municipalidades podrían tener una participación más activa en los procesos de diálogo o relacionamiento entre las mineras y las comunidades locales, como parte del Estado.

“Definir la complementación de roles con mayor claridad a nivel local, regional y nacional, para asegurar la intervención”, remarcó.

Fuente: Gestión