Diego Macera

ProActivo | Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), indicó en PDAC 2021 que la burocracia traba el desarrollo de la actividad minera.

Uno de los grandes problemas del sector público es la burocracia. Esta siempre ralentiza más de lo debido la obtención de permisos y frena el desarrollo de las diversas actividades económicas del Perú, entre ellas la minería. Así lo señaló Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante su presentación en PDAC 2021.

“Para ser muy claro en esta parte, existe la necesidad de siempre buscar las medidas medioambientales, fue el caso de Perú. Pero al mismo tiempo vemos mucha burocracia en cuanto a los ministerios, agencias regulatorias y gubernamentales, que tal vez están pidiendo el mismo tipo de permiso. Incluso, durante la crisis se han visto autorizaciones contradictorias. En otros países podríamos tener unas gestiones que duran de dos a tres meses, pero en Perú duran de dos a tres años”, afirmó.

Macera destacó el factor multiplicador de empleo de la minería en el Perú. Más allá de los puestos de trabajo directos que genera esta actividad extractiva, también se crean otras oportunidades laborales en otros rubros. “La minería tiene esta cadena importante con otros sectores y la cadena continuará escalando en los próximos años. Cuando hablamos del empleo, las cifras son más interesantes, por cada trabajo en el sector minero, tenemos ocho puestos adicionales para distintos sectores: transporte, agricultura, manufactura, construcción, entre otros. Esto es realmente una característica muy importante de la minera peruana”, indicó.

Diferentes oportunidades

En otro momento señaló que el potencial minero en el Perú no está concentrado en una sola región a diferencia de otros países. Lo cual nos pone en una ventaja competitiva. Precisó que existen proyectos de unos 37 mil millones de dólares que todavía no tienen una fecha de inicio oficial tentativa.

 “Alrededor de nuestro país encontramos distintas oportunidades para proyectos, sobre todo, de cobre. En la última década el promedio de producción anual fue de 20 mil millones de dólares”, dijo.

Macera agregó que, si bien existen proyectos con una fecha tentativa de inicio hasta el 2025 y por estos se estima un ingreso superior a los 16 mil millones de dólares, el reto existe con los conflictos sociales, los cuales aún continúan latentes en nuestro país.

El economista recomendó generar un plan de desarrollo territorial, “generar rastreabilidad para la transferencia minera, debemos tener mejores acuerdos sociales con mejores negociaciones”.

Asimismo, mencionó la existencia de problemas en operaciones mineras en producción, como el que se da en Apurímac. “También tenemos problemas relacionados a nuevos proyectos que están bajo construcción en los últimos años y que han enfrentado problemas sociales, el más grande fue el proyecto Conga y más recientemente Tía María. Creo que a pesar de ello todavía estamos avanzando paso a paso para un enfoque más sistemático para resolver este problema”, señaló

Usos del canon

El vocero de IPE advirtió sobre el uso pobre o inadecuado del canon minero.

Explicó que en Perú la estructura que manejamos en cuanto a impuestos equivale al 50% de los impuestos a la renta que regresan a las minas que están desarrollando los proyectos.

“También las regalías regresan a esa misma región. Desafortunadamente vemos que esto va a los gobiernos regionales, locales y a veces al Estado (gobierno nacional) y que estos no necesariamente tienen el marco institucional para usar correctamente estos recursos”, observó.

Al respecto, dijo que esa situación no ayuda a crear legitimidad en el sector minero. “Las personas en los alrededores no están viendo resultados tangibles en la calidad de vida producto de esos impuestos que se están pagando. Si no ves mejoras en infraestructura, agua, saneamiento y salud, será mucho más complicado ser tomados en cuenta como una minería aliada del crecimiento macroeconómico del país”, concluyó.