Tras revelarse que el presidente de la República recibía visitas sin registro en la vivienda de Breña, la Contraloría decidió iniciar una investigación, mientras que la Defensoría del Pueblo y el Congreso piden la rápida intervención del Ministerio Público.
Acorralado por el escándalo de sus reuniones secretas en Breña, el presidente Pedro Castillo dio ayer un mensaje a la nación acompañado de sus ministros e intentó justificar pobremente y con argumentos no creíbles las irregularidades reveladas.
“Quiero precisar que las reuniones oficiales únicamente se realizan en Palacio de Gobierno. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal”, precisó.
Sin embargo, el jefe de Estado obvió dos detalles importantes, con lo que queda en evidencia que no dice la verdad. Primero, que el reportaje de Cuarto poder demuestra que él no vive en el inmueble de Breña, pues solo llega eventualmente y se retira tras algunas horas dentro. Segundo, su familia reside en Palacio de Gobierno y no en su “domicilio”, como él llama a esta especie de despacho presidencial clandestino. Además, esa vivienda de cinco pisos, ubicada en el Pasaje Sarratea, no le pertenece a él, sino al empresario chotano Alejandro Segundo Sánchez Sánchez.
En su mensaje, Castillo rechazó “haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular”.
ACCIONES Y REACCIONES
Las reacciones sobre las reuniones secretas del presidente Castillo no se hicieron esperar. La Contraloría General de la República –tras haber advertido de estas irregularidades el pasado mes de agosto– inició ayer una investigación.
A través de un oficio dirigido a Carlos Jaico, nuevo secretario de general del Despacho Presidencial, la entidad anunció que se ha “dispuesto la realización de un servicio de control” por las actividades del mandatario en el inmueble de Breña, adonde acudía con gorro en lugar de sombrero y en altas horas de la noche.
En el mismo sentido, el procurador general del Estado, Daniel Soria, solicitó a Jaico información sobre las citas del presidente fuera de Palacio.
CONGRESO RESPONDE
Las actividades secretas de Castillo no pasaron desapercibidas para el Congreso, donde, pese a que las bancadas están polarizadas por la moción de vacancia en su contra, todas coinciden en que el Ministerio Público debe intervenir.
Una de las primeras en pronunciarse fue APP, que a través de un oficio exigió que la Fiscalía investigue los encuentros de Castillo. “Reuniones fuera de Palacio solo generan incertidumbre y sospechas de decisiones deshonestas”, indicaron. César Acuña, líder de APP, manifestó que su partido será “inflexible en la aplicación de la Constitución, si se demuestran actos de corrupción en el gobierno”.
De igual forma, la bancada de Acción Popular solicitó que se le den facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para iniciar acciones inmediatas.
Avanza País (AP), también a través de un oficio, pidió el inicio de las investigaciones correspondientes por parte de la Fiscalía.
En el caso de Renovación Popular (RP), el vocero Jorge Montoya consideró que el presidente Castillo debería “dar un paso al costado y renunciar”. Posteriormente, a través de un comunicado oficial, la bancada se sumó a los pedidos para que el Ministerio Público intervenga y solicitó “el respectivo allanamiento del inmueble ubicado en Breña”.
“A todas luces estas reuniones constituyen acciones irregulares”, aseveró el parlamentario José Cueto a este diario.
Enrique Wong, vocero de Podemos Perú, acotó que su bancada evaluará apoyar la moción de vacancia presidencial tras conocer las reuniones secretas de Castillo. Mientras tanto, Somos Perú resaltó que “este tipo de actos podrían configurar falta de claridad en momentos en que el país necesita acciones transparentes de todos los funcionarios”.
Por su parte, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, informó que solicitará al Pleno, por intermedio de una moción, “que se le otorguen facultades de comisión investigadora para indagar” los graves hechos.
Al respecto, Luis Alegría, también de FP, solicitó a Aguinaga citar a todas las personas que visitaron la vivienda de Breña y a los representantes legales de las empresas vinculadas a estas reuniones.
LA POSICIÓN DE PERÚ LIBRE
Desde la bancada de Perú Libre, los parlamentarios oficialistas del ala cerronista fueron claros y no piensan avalar las acciones del presidente contra las normas de transparencia. El expremier Guido Bellido usó su cuenta de Twitter para condenar las reuniones sin registro de Castillo. “Condenamos todo acto que puede llevar a hechos fuera de la ley. Por tanto, pedimos al Ministerio Público empezar una exhaustiva investigación. Presidente, usted no puede ponerse el sombrero para sentarse en Palacio y ponerse una gorra para hablar con empresarios”, sentenció.
“El presidente ya tenía una advertencia de la Contraloría; la Fiscalía debe hacer una exhaustiva investigación. Se está vulnerando el derecho de los peruanos a poder tener conocimiento de sus actividades. No podemos defender lo indefendible”, dijo la legisladora Silvana Robles a Perú21.
En contraparte, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, salió a defender lo indefendible y aseguró que las reuniones de Castillo “no siempre tienen que ser de carácter público”.
IMPLICANCIAS
En conversación con este diario, la abogada penalista Romy Chang analizó cuáles serían los delitos por los que la Fiscalía podría investigar estas reuniones irregulares.
“El primer delito a analizarse, que es evidente, sería uno contra la fe pública por la omisión de información, pues la relación de visitas que presentan no es la real. Por otro lado, también podemos señalar varios delitos contra la administración pública. Por ejemplo, posibles actos de corrupción de funcionarios”, dijo.
“También posibles delitos de colusión, si es que se demuestra algún tipo de favorecimiento en licitaciones con el Estado”, agregó la especialista.
Para Chang, no se trata solo de reuniones sin registro de, sino de varios elementos en conjunto que ameritan que lo ocurrido no sea evaluado solo en un plano administrativo, sino en uno penal.
Pese a todos los pedidos, al cierre de esta edición la Fiscalía de la Nación no emitía pronunciamiento alguno sobre este escándalo.
TENGA EN CUENTA
-Luis Alegría, de FP, pidió al presidente de la Comisión de Fiscalización citar a la premier Mirtha Vásquez, al ministro Juan Carrasco, a la funcionaria Jaqueline Perales, al abogado Raymundo Valverde, a los empresarios Karelim López y Jonny Milla, y al sobrino de Castillo, Fray Vásquez.
-El congresista también solicitó que cite a los representantes legales de las empresas vinculadas a estas reuniones secretas: Representaciones María de Jesús EIRL, Riflo PA, Mazavig, Brunner y Aldalab Perú.
-Expertos en temas de corrupción precisaron a Perú21 que el presidente no solo está transgrediendo la Ley de Gestión de Intereses, sino también la Ley de Transparencia. “Ocurre algo incluso más grave, se limita el derecho fundamental de acceso a la información”, señalaron.
-“Estas reuniones contradicen el mensaje de Castillo respecto a la lucha contra la corrupción. La Fiscalía debería tener un rol protagonista en esta situación”, dijo a este diario Antonio Maldonado, exprocurador anticorrupción.
Fuente: Perú 21