No solo el país dejó de percibir 63 mil millones de dólares como ingresos por efecto de los conflictos sociales en minería, sino también bajó del puesto 12 al 52 en interés de inversión, mientras aún carecemos de una política minera y tremenda inercia y pasividad de los entes decisorios, dijo hoy el presidente del XI Congreso Nacional de Minería (setiembre 2016), Ing. Miguel Angel Zúñiga Castillo, que cada dos años organiza el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima.
Fue en conferencia de prensa al anunciar una actividad pre-congreso que se realizará este 28 de agosto en Ica y que congregará a empresarios, comunidades, gobierno regional, ingenieros especialistas y miembros del Poder Ejecutivo.
El Ing. Zuñiga hizo referencia que el año pasado se han invertido unos 70 millones de dólares en exploración, sin haber encontrado yacimientos, pues la actividad minera es de alto riesgo. Además consideró inviable condicionar a los inversionistas a una sociedad con miembros de la comunidad como pretende el MEM.
“Estamos de acuerdo, dijo, en respetar los derechos de las comunidades, darles beneficios, actuar con responsabilidad social y una mejor distribución de la riqueza pero con esas condicionantes del MEM ningún inversionista vendrá”.
Cuando un proyecto minero se trunca los inmediatos favorecidos son países vecinos, como Chile o también Estados Unidos. Nuestra realidad contrasta penosamente con la de Australia, Canadá y el propio país vecino del sur donde el mayor aliado es la sociedad porque sabe que allí está la riqueza y asegura mejores condiciones para la policía, los maestros y la ciudadanía en su conjunto.
En la gran minería por 1 puesto de trabajo se generan 9, la mediana minería lo hace en proporción de 1 a 5, refirió.
Más postuló que quienes están en los cargos de gobierno y firman las resoluciones sean gente entendida en el tema minero, y esa debe ser una exigencia en sus curriculum vitae.
Otras alternativas de entendimiento, esbozadas por el presidente del XI CONAMIN fueron: en los Estudios de Impacto Ambiental participen el Estado y las comunidades; las comunidades sean informadas de todo el proceso; las comunidades visiten los asientos mineros y las negociaciones se realicen bajo valores y principios. “Las comunidades tienen gente inteligente, pero temperamental. Hay un porcentaje no instruida y entre los dirigentes hay conflictos por intereses económicos”, argumentó.
También dijo que peligrosamente los ambientalistas han ocupado lugares porque no hay diálogo entre el Estado y las comunidades.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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