- La actividad minera informal no solo afecta el medio ambiente, también compromete el desarrollo económico del país y el bienestar social de millones de peruanos.
La minería ilegal sigue generando estragos en el Perú. Según un reciente informe del Gobierno, esta actividad ilícita ha ocasionado una pérdida superior a los S/7,500 millones en impuestos no pagados entre los años 2023 y 2025. Esta cifra refleja un grave perjuicio para la economía nacional, al privar al Estado de recursos fundamentales que pudieron destinarse a infraestructura educativa, sanitaria y de seguridad.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta suma hubiera permitido construir 1,500 escuelas primarias rurales, 750 centros de salud o 375 comisarías, así como 750 kilómetros de carreteras. La afectación, sin embargo, no es solo económica: más de 180 mil hectáreas de bosques amazónicos han sido destruidas por la minería ilegal en los últimos tres años, poniendo en riesgo ecosistemas frágiles y fuentes hídricas esenciales para las comunidades locales.
Durante el presente año, el impacto económico de la minería ilegal sigue creciendo. El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, informó que las pérdidas por concepto de Impuesto a la Renta (IR) ascenderán a S/5,200 millones, mientras que el canon minero no percibido sumará S/2,600 millones.
El canon minero, recordemos, corresponde al 50% del IR pagado por la minería formal y es destinado a los gobiernos regionales y municipales de zonas mineras. Su pérdida implica menor capacidad para ejecutar obras públicas o brindar servicios básicos a la población.
Regiones más afectadas
Las pérdidas tributarias impactan especialmente a regiones con alta actividad minera. Las más perjudicadas por la minería ilegal en 2025 son:
- Puno: S/460 millones
- Arequipa: S/450 millones
- Madre de Dios: S/240 millones
- La Libertad: S/215 millones
- Apurímac: S/213 millones
- Ayacucho: S/160 millones
Estas cifras reflejan una disminución significativa en el presupuesto regional, afectando la capacidad de respuesta ante demandas sociales y de infraestructura.
Derechos laborales y revisión normativa
Además del impacto económico, la minería ilegal vulnera sistemáticamente los derechos laborales de miles de trabajadores de la pequeña minería y minería artesanal. El titular del MINEM advirtió que muchos titulares de registros excluidos o suspendidos del REINFO han explotado a sus trabajadores, negándoles condiciones dignas de salud y seguridad.
El Gobierno ha anunciado una revisión de las normas laborales aplicables al sector para garantizar que los mineros formales cuenten con protección efectiva frente a abusos. Esta revisión también busca evitar que los trabajadores sean manipulados por falsos defensores que operan al margen de la ley.
Ley MAPE bajo evaluación
En cuanto a la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el Ejecutivo sostiene que debe legislar exclusivamente sobre el ejercicio formal de la actividad y no sobre procesos de formalización ni sobre registros vencidos o suspendidos.
El ministro Montero ha sido enfático en señalar que una ley mal diseñada podría legitimar prácticas ilegales y profundizar la crisis del sector. En este sentido, exhortó al Congreso a evitar facilidades encubiertas para economías ilícitas, insistiendo en que la nueva normativa debe centrarse en: Garantizar derechos laborales, asegurar la protección ambiental, así como promover una minería formal, sostenible y segura
