El Gobierno peruano planea promover la construcción de plantas de procesamiento de oro en el país como parte de sus esfuerzos por formalizar el sector minero a pequeña escala, señaló el titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Jorge Merino.
El ministerio está analizando la compra de terrenos donde ubicar las plantas, las instalaciones de procesamiento de relaves y laboratorios, y el estatal Banco de la Nación junto al servicio recaudador de impuestos Sunat supervisarán las transacciones comerciales, indicó Merino.
“Será más fácil que la inversión privada se encargue dentro del marco facilitador del Estado”, declaró el secretario de Estado en una conferencia de prensa. “Les conviene a los mineros, porque van a recibir una mayor participación de sus esfuerzos”.
Asimismo, el gobierno está coordinando operativos para destruir las operaciones mineras ilegales en áreas protegidas, y trabaja en el control de suministros de combustibles y mercurio, el registro de maquinaria y el análisis de 70.000 solicitudes para formalizar concesiones, añadió. Al menos otras 280.000 persones dependen de la industria minera informal.
Estos mineros buscan tener acceso a tecnología a fin de depender cada vez menos del uso de mercurio y apuntan a inscribir sus contratos y maquinaria en un registro público, agregó el ministro.
“El gobierno ha claramente separado la minería ilegal de la minería artesanal y pequeña, que pueden ser formalizadas. Es un desafío realizar esto en el menor tiempo posible”, manifestó Merino. “En la minería ilegal, prácticamente hay que combatir a las mafias que están destruyendo a la selva”.
El presidente Ollanta Humala dio como plazo abril del 2014 para que los mineros informales a pequeña escala, que se calculan en 100.000, formalicen sus concesiones. En mayo del 2012 el gobierno aprobó un decreto que permite que los mineros informales sigan vendiendo oro durante dos años, siempre y cuando hayan suscrito un acuerdo de formalización.
Los mineros que operan de manera informal e ilegal, quienes dieron cuenta de cerca del 12% de las 161 toneladas de oro producidas el 2012 en el país, son responsables de actividades de lavado de dinero por US$3.000mn al año, de acuerdo con el MEM. Las operaciones a pequeña escala que aspiran a registrar sus concesiones se consideran informales, mientras que aquellas de gran escala acusadas de lavado de activos y contaminación son consideradas ilegales, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente.
Fuente: BN:Américas