El sector hidrocarburos insiste en que el D.S. 004-2018 del Minam -que refuerza la gestión de los gobiernos regionales en las 20 áreas de conservación a su cargo- agudiza su crisis

El D.S. 004-2018 del Ministerio del Ambiente (Minam) siembra angustia en las empresas de petróleo y gas. En un conversatorio celebrado ayer en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), expertos del sector advirtieron que la norma, desarrollada para empoderar a los gobiernos regionales en la gestión de las áreas de conservación regional (ACR), agudizará la crisis que la industria atraviesa desde el 2013.

Según Perú-Petro, podría originar que más empresas devuelvan o paralicen lotes de hidrocarburos.

“El D.S. 004 no ayuda a respetar los derechos preexistentes de los contratistas petroleros. La ambigüedad que genera hace un mal efecto internacional”, señala Nikitza Chávez, gerenta legal de Perú-Petro.

Para Sernanp, sin embargo, se trata de una exageración.

“Las empresas petroleras se están adelantando a los hechos. Hay 20 ACR administradas por los gobiernos regionales y en ninguna hay inconvenientes [por el D.S. 004]. Si los hubiera, el contratista tiene todo el derecho del mundo a acudir al Poder Judicial”, indica Pedro Gamboa, jefe del Sernanp.

¿Por qué preocupa el D.S. 004 a la industria petrolera? Según la SNMPE, la norma deroga dos disposiciones que son fundamentales para garantizar el respeto de los derechos adquiridos o preexistentes en una ACR.

Por un lado, elimina la opinión vinculante del Sernanp en la elaboración de los planes maestros de las ACR, que son los que definen el tipo de zonificación en el área.

Por otro lado, elimina el consentimiento escrito del titular del derecho en caso de que un gobierno regional pretenda establecer ‘zonas de protección estricta’ o ‘zonas silvestres’, que, por definición, excluyen las actividades extractivas.

“El conflicto no está en la creación de las ACR, sino en su gestión adecuada por parte de los gobiernos regionales”, apunta la consultora en medio ambiente Ada Alegre. En suma, los petroleros temen que un gobierno regional pueda hacer un mal uso político del D.S. 004.

Según información de Perú-Petro, por lo menos tres lotes de hidrocarburos han sido paralizados o devueltos por sus operadores en la última década debido a fricciones con los gobiernos regionales en torno a las ACR.

Uno de ellos es el lote 103 (ACR Cordillera Escalera), de Repsol, que se encuentra en estado de fuerza mayor desde el 2009 debido a una acción de amparo interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín, cuando César Villanueva, actual primer ministro, era gobernador.

Los otros son los lotes 123 y 129 (ACR Alto Nanay), que Gran Tierra devolvió este año pese a sustentar derechos preexistentes (los lotes fueron adjudicados en el 2006 y el 2007, pero la ACR se creó en el 2011).

Ronald Egúsquiza, ex gerente general de Gran Tierra en el Perú, explica la razón que condujo a esta determinación.

“Abandonamos los lotes porque la zonificación que se quería establecer nos impedía la realización de actividades. Estábamos supeditados a la discrecionalidad de un funcionario estatal. Eso quita predictibilidad a las inversiones”, apunta.

Fuente: El Comercio