Respecto a la columna titulada: “Francisco Sagasti y PETROPERÚ”, firmada por el Sr Rafael Romero, publicada en la edición nacional del diario Expreso el domingo 27.12.2020, PETROPERÚ aclara que contiene afirmaciones inexactas.
Sobre el Proyecto Modernización Refinería Talara precisa que su costo de inversión es de US$ 4,700’000,000 y no US$ 7,874’000,000, como afirma la nota. El endeudamiento para cubrir ese monto se empezará a pagar, en gran parte, a partir de la entrada en funcionamiento del nuevo complejo refinero a fines de 2021; y se efectuará con recursos propios de PETROPERÚ y no “por todos los peruanos”, como asegura la nota.
De otro lado, a lo largo de su ejecución, el proyecto se ha desarrollado bajo la supervisión propia de PETROPERÚ y el de un consorcio internacional. Además, la Contraloría General de la República ha tenido conocimiento de las acciones realizadas y ha solicitado información que le ha sido proporcionada; así como ha emitido informes de control, los que han sido respondidos. Mientras que actualmente mantiene un control concurrente en el proyecto, por lo que es errónea su afirmación de que el proyecto se ha realizado “sin ningún control”.
Asimismo, PETROPERÚ precisa que no tiene injerencia en las contrataciones y subcontrataciones de los contratistas principales de este proyecto, Técnicas Reunidas y Consorcio Cobra SCL. Sobre el cambio de la identidad visual es importante precisar que este se realiza como parte de un proceso que se inició hace ocho años atrás y no costó US$ 76 millones, por lo que tampoco se ha pagado “durante la pandemia”, como se menciona en la publicación.
PETROPERÚ indica que es falso que el contrato para la implementación del Hospital Modular Talara haya sido cuestionado en medios de comunicación. Dicho centro de salud se encuentra operativo y en posesión de ESSALUD, contribuyendo a la lucha contra la COVID-19 en la región Piura. También es inexacto que las plantas de venta y terminales del Sur hayan sido tercerizadas; al contrario, las viene operando directamente PETROPERÚ.
En la nota se afirma que el Gerente de Cadena de Suministros, Santiago Santa María Rizo Patrón, ha intervenido en un contrato de seguros con una empresa de su primo hermano, lo cual es falso. La persona señalada no es su primo hermano y dicho contrato no lo realizó su gerencia. Asimismo, tampoco se configura un conflicto de interés únicamente por poseer un mismo apellido. Además, no es cierto que haya un nuevo contrato por el embarcadero de Iquitos, como se afirma en la nota.
Con respecto a la política de gestión social de PETROPERÚ, la empresa aclara que esta ha logrado reducir notablemente los conflictos provocados a raíz de los cortes al Oleoducto Norperuano (ONP), al haber desarrollado programas con beneficios directos para las comunidades colindantes con el ducto. Los problemas actuales con algunas organizaciones indígenas no se relacionan con PETROPERÚ sino con el plan de cierre de brechas sociales a cargo de la PCM, la cual ha logrado resolver los últimos conflictos pendientes en el ONP con la participación activa de PETROPERÚ como articuladora de los distintos sectores del Estado a cargo de las demandas sociales de las comunidades nativas. No es exacto, por tanto, decir que “los conflictos sociales no disminuyen”, como lo sostiene el autor de la nota.
La empresa también niega que se vaya a vender el edificio de la sede principal de PETROPERÚ ni el del Club PETROPERÚ. En todos los casos se está poniendo en valor inmuebles subutilizados o que no están directamente relacionados a las operaciones de la empresa. En el caso de la sede principal se busca alquilar varios pisos hoy desocupados o por desocuparse gracias al teletrabajo. En el caso del Club PETROPERÚ, es un inmueble que es propiedad de la compañía desde hace 40 años y su directiva se niega a pagar alquiler, pese a que dos tercios de sus socios no pertenecen a PETROPERÚ.