El laudo se emitió inicialmente el 12 de mayo de 2026, pero ambas partes presentaron pedidos de rectificación, interpretación, integración y exclusión. No fue hasta el 7 de agosto que el tribunal se pronunció sobre la integración del laudo final, cerrando definitivamente el caso.
El fallo fue contundente. Petroperú deberá pagar US$1,549,319 por concepto de reembolso de cuotas de recupero de inversiones adicionales que no fueron deducidas en una liquidación previa. A eso se suman los intereses moratorios por la falta de reembolso oportuno, cuyo monto aún está pendiente de liquidación.
La petrolera también deberá cubrir los gastos administrativos del centro de arbitraje que el consorcio adelantó (alrededor de S/800,000), los honorarios del tribunal arbitral (más de S/1.87 millones) y los gastos de defensa de TdP, que superan el US$1 millón más otros S/650,000. Adicionalmente, el laudo reconoce el derecho del consorcio a deducir todas las cuotas devengadas desde la puesta en servicio hasta la emisión de la primera factura, lo que implica un monto de US$4.45 millones.
El origen del conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando Petroperú resolvió los contratos de operación de los terminales del Centro (Callao) y del Norte (Salaverry, Supe, Chimbote y Eten). La petrolera argumentó un presunto incumplimiento del consorcio en sus obligaciones de mantenimiento y en sus compromisos de dar de baja determinados activos. El consorcio, por su parte, pidió que se declare la invalidez de esa resolución y se valide la vigencia de los contratos. El tribunal le dio la razón.
Este revés arbitral se suma a una larga lista de problemas que enfrenta la estatal. Petroperú atraviesa una crisis financiera que la ha llevado al borde del colapso, con una deuda que supera los US$7,900 millones y pérdidas acumuladas que algunos analistas calculan en cerca de US$7,000 millones en los últimos cuatro años. La empresa ha dependido de rescates estatales recurrentes, que suman aproximadamente US$6,800 millones.
La petrolera también acumula otros laudos arbitrales en su contra. En mayo de 2026, Unna Energía y Oiltanking le ganaron un arbitraje por contratos de concesión firmados en 2014. Además, mantiene deudas pendientes con productores de crudo por más de US$120 millones.
En este contexto, el Gobierno designó un nuevo directorio el 7 de agosto, encabezado por Oliver Stark Preuss, quien ya había liderado la empresa en 2024. El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha sido enfático: la misión no es liquidar Petroperú, sino reflotarla. La petrolera ha sido dividida en diez líneas de negocio con acompañamiento de ProInversión, con el objetivo de que cada una sea autosostenible. El nuevo directorio también aprobó la constitución de una empresa de propósito especial para ordenar los recursos y facilitar la disponibilidad de fondos para necesidades operativas.
Sin embargo, la acumulación de laudos adversos como el del Consorcio de Terminales del Perú añade presión sobre una empresa que ya está al límite. Cada fallo en contra es un recordatorio de que los problemas de Petroperú no son solo financieros, sino también de gestión contractual y de capacidad para defender sus intereses en los tribunales. El nuevo equipo directivo tendrá que lidiar no solo con la deuda y la operación de la refinería de Talara, sino también con el goteo constante de laudos que siguen llegando. La pregunta es si logrará poner orden antes de que la empresa se ahogue en sus propias deudas y obligaciones.
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