ProActivo | El Perú se encuentra ante una oportunidad histórica. Con una cartera de proyectos mineros que supera los US$ 63,000 millones por desarrollar y los mayores términos de intercambio comercial de las últimas décadas, según el Banco Central de Reserva, el país tiene los fundamentos geológicos a su favor. Para consolidar este liderazgo en la nueva economía global y responder a la creciente demanda de minerales críticos, el desafío actual radica en modernizar la gestión pública y fortalecer las instituciones.
Desde un enfoque propositivo y legal, Magaly Bardales, directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y gerente corporativo legal y de Relaciones Institucionales de Nexa Resources, examinó las soluciones normativas y tecnológicas necesarias para optimizar los procesos de inversión y elevar la competitividad del aparato estatal.
En declaraciones recogidas por ProActivo durante el Jueves Minero, la especialista abordó el programa de optimización que se estructura junto al Banco Mundial para resolver de forma integral la tramitación de los más de 200 permisos requeridos ante 19 entidades del Estado.
“Es la primera vez que en realidad se está trabajando en una ventanilla única real en la cual estén integradas todas las instituciones que participan en los procesos de permisos”, destacó Bardales.
Innovación tecnológica para agilizar la gestión pública
Magaly Bardales manifestó que el destrabe eficiente de los proyectos debe apoyarse en la transformación digital de los ministerios. La abogada planteó que la tecnología de vanguardia es la ruta idónea para simplificar los procesos documentales y estandarizar los criterios de evaluación de los funcionarios.
“Yo creo que tenemos que aprovechar el desarrollo tecnológico que tenemos actualmente y creo que ahí las herramientas de Inteligencia Artificial son fundamentales. La implementación de un correcto uso de la tecnología por parte de las entidades del Estado dentro de todo el proceso de trámites de permiso creo que ayudaría muchísimo a estandarizar”, afirmó.
La ejecutiva explicó que los voluminosos expedientes de los Estudios de Impacto Ambiental o de los permisos operativos “a través de Inteligencia Artificial pueden simplificarse y permitir que los evaluadores realicen una evaluación en plazos mucho más cortos”, con lo que además se puede estructurar una base de datos de jurisprudencia que unifique los dictámenes y evite que los criterios cambien dependiendo de la persona que evalúa.
Asimismo, precisó que esta agilización debe nacer desde las fases iniciales del negocio, fomentando las inversiones exploratorias mediante normas ágiles y predictibles.
“El tema clave también es fomentar las exploraciones y ahí la verdad que no encontramos razonabilidad en requerimientos como una consulta previa para una labor de exploración, que es una etapa todavía muy preliminar en el desarrollo de un proyecto minero, en el cual todavía no hay una decisión en el proyecto”, argumentó.
En ese sentido, mencionó las propuestas gremiales ya hechas para implementar autorizaciones automáticas en campañas iniciales de perforación.
Certidumbre regulatoria y Estado de derecho
En el plano de la seguridad jurídica, señaló que mantener las reglas de juego claras es el principal estímulo para el inversionista de largo plazo.
En esa línea, instó a preservar la estabilidad del marco normativo frente a propuestas que buscan alterar de manera constante el régimen tributario, restringir la tercerización laboral o reducir el plazo de vigencia de las concesiones mineras de 30 a 15 años.
Igualmente, remarcó la importancia de un rol estatal firme que asegure la continuidad de las operaciones y la infraestructura frente a los riesgos del entorno.
“Lo que se requiere es que el Estado ejerza un rol proactivo y además el rol que corresponde dentro de su función pública, respetando y haciendo respetar el Estado de derecho que está consagrado en la Constitución Política”, precisó.
Trazabilidad digital: El sello del proveedor de cobre confiable
Asimismo, de cara a las exigencias ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y de la transición energética global, Bardales propuso que el Estado asuma un liderazgo tecnológico estricto para garantizar que el mineral exportado provenga exclusivamente de fuentes formales, neutralizando el avance de la minería ilegal.
“Lo que los compradores buscan no solo es precio, es confiabilidad, es trazabilidad, es una industria que necesariamente tiene que dar cumplimiento a todo el marco legal. Y creo que ahí el rol del Estado es garantizar que las exportaciones que se realizan desde el Perú provengan de minería formal”, explicó.
Para lograr este objetivo propuso la adopción de herramientas de custodia modernas en la cadena logística nacional.
“Lo que se busca es una trazabilidad, cadenas de custodio digital desde la extracción del mineral hasta la exportación y eso es en lo que la industria tiene que trabajar, y el rol del Estado es fundamental”, concluyó.
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