METALES PESADOS TÓXICOS Y SALUD PÚBLICA: El Caso

ProActivo

Desde hace más de una década se vienen realizando monitoreos ambientales en la zona por la sociedad civil y por parte del Estado donde se alerta la contaminación, sin embargo hasta el momento las autoridades no toman las medidas respectivas para atender a la población afectada, señala el informe “Metales pesados  tóxicos y salud pública: El caso de ”, elaborado por .

El reciente informe sobre la contaminación en , Cusco, pone bajo la lupa la alarmante situación de exposición de metales en la que se encuentran cientos de ciudadanos de la provincia cusqueña y pone en cuestión el accionar de los representantes del Estado frente al impacto que viene generando esta actividad en la zona. Además, alerta el informe que tras 35 años de explotación minera el 65% de los pobladores de la provincia viven en situación de pobreza, mientras que el distrito de : 56.3% respectivamente. Para el 2009, el 51.6% de la población de la provincia de no contaba con agua y el 79.2% no contaba con desagüe.

Lee también:  Refinería Repsol - La Pampilla obtiene el reconocimiento “Huella de Carbono Perú”

“Casi seis años después de los primeros resultados del y cuatro años después de la Mesa de Diálogo de Espinar, todavía no existen medidas concretas implementadas, ni presupuesto destinado a afrontar la grave situación existente en la provincia de Espinar. Mientras tanto, la población sigue expuesta a los metales y aumentando su situación de riesgo”, sostiene el informe.

Bajo este contexto, el se comprometió oficialmente a realizar un estudio de causalidad en octubre de 2013, a fin de dar una respuesta a las comunidades sobre quién es responsable de la contaminación de las fuentes de agua y otros recursos en la provincia. Después de cuatro años de compromisos del gobierno y de un importante presupuesto ejecutado en estudios realizados por entidades del gobierno; las comunidades aún esperan los resultados finales.

Ante el fracaso de los varios planes y descoordinaciones del gobierno, los afectados de Espinar exigen que se declare el estado de emergencia sanitaria por exposición crónica a metales pesados en la provincia, como única medida para asegurar que se activen mecanismos efectivos de inversión pública para la atención a la salud y a las fuentes de agua. No obstante, las entidades de gobierno hacen caso omiso a las demandas y continúan con estrategias mínimas de atención esporádica a la población. La situación es tensa y el conflicto en la zona se mantiene latente.

Lee también:  Ministro Gabriel Quijandría dio positivo a prueba de covid-19

El informe concluye que el caso de Espinar es un claro ejemplo de los graves impactos en la salud que se producen en varias zonas con presencia minera en nuestro país, la ineficiente respuesta del Estado y la ausencia de políticas públicas orientadas a proteger a las poblaciones. Los estudios realizados desde el 2002 hasta el 2012 constituyen evidencias que la población de la provincia de Espinar que vive en la zona de influencia de la mina Tintaya se encuentra expuesta a metales pesados tóxicos.

Señala además que servicios básicos, como: suministro de agua potable, seguridad e inocuidad alimentaria, el manejo adecuado de efluentes y residuos sólidos urbanos no se encuentran debidamente garantizados, ni en calidad, ni en cantidad y temporalidad suficientes. Esto incrementa claramente el riesgo de toxicidad aguda y crónica por exposición continuada a metales pesados como plomo, arsénico, mercurio y cadmio.

Lee también:  (Exclusivo) Contaminación de aguas continentales: Causas y efectos según la ciencia

Entre sus recomendaciones sostiene que se hace necesario caminar hacia un marco político que prevea la prevención, atención y tratamiento especial a la salud de las personas que habitan y sufren los impactos de contextos mineros en el país, y que se debe de generar una masa crítica de profesionales con especialidad y competencia de aplicación inmediata en materia sanitario-ambiental tanto urbana como rural; con énfasis en su aplicación a las localidades afectadas por actividades de explotación y procesamiento minero a nivel nacional.

Formalizar la creación de una entidad supervisora – fiscalizadora de salud ambiental y ocupacional;  crear, preparar y ejecutar los protocolos necesarios ante eventos naturales y no naturales potenciales o en ocurrencia por desastres químicos, físicos, radioactivos, etc. Fortalecer y dar cumplimiento al programa de presupuesto por resultados en el tamizaje y tratamiento de personas afectadas por metales pesados.