Por: Ing. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Al igual que otras actividades económicas, la industria minera peruana viene optimizando sus procesos para poder afrontar y operar en esta nueva normalidad poscovid-19, que ha generado una crisis social y económica nunca antes vista.
En dicho sentido, los protocolos de bioseguridad se han actualizado, empleando las pruebas moleculares (PCR) como principal instrumento de detección del contagio, y las pruebas serológicas, o rápidas, han pasado a un rol complementario.
Pero además se ha requerido el compromiso de cada uno de los trabajadores, porque su disciplina es fundamental para mantener el aislamiento en el entorno laboral, tomando en consideración también que hay roles con mayor exposición o vulnerabilidad, llámense vigilantes, personal médico, personal a cargo de limpieza y alimentación, y choferes de vehículos livianos.
Esta pandemia acelerará la transformación digital y automatización de las operaciones, que nos permitirá monitorear remotamente cada vez más procesos. Aunque aún nos encontramos en una fase inicial en el Perú, en un futuro se apunta a ello. Otro de estos cambios será la manera en que se llevarán adelante los procesos de relacionamiento con las comunidades. Ello plantea nuevos retos porque no habrá el acercamiento físico que siempre se ha tenido. Vale mencionar que varios de estos cambios también significarán mayores inversiones para las empresas.
Por ejemplo, en gran minería, los costos en recursos humanos se incrementaron en un 50% a 60% que antes de la pandemia. Estamos hablando de costos por el cambio de estándar de aislamiento, transporte, alimentación, equipo de seguridad y las nuevas pruebas que se vienen realizando a los trabajadores.
TEMAS PENDIENTES
La industria también tendrá que resolver temas pendientes referidos principalmente a la minería formal y no formal, que son materia de estudio del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y que cobran mayor relevancia en un contexto como el actual.
En el caso de la minería formal, que genera 200 mil puestos de trabajo directos y un millón de indirectos, y además representa alrededor de US$ 30,000 millones en exportaciones anuales, uno de los desafíos latentes es la simplificación de trámites administrativos.
Recientemente el Gobierno peruano publicó el nuevo reglamento de procedimientos mineros, con el propósito de atender esta problemática. Aunque falta mucho por hacer, es una decisión que saludamos, pues promueve el silencio administrativo positivo.
Cabe recordar que un proyecto minero en el Perú debe afrontar más de 232 procedimientos administrativos, en 30 entidades públicas, para poder por fin entrar en marcha, según señala el Informe de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible. Una traba que nos resta competitividad.
En esa línea, también necesitamos recuperar las inversiones en exploración, que han caído dramáticamente. En este punto es relevante resaltar la modificación del reglamento de protección ambiental, realizada recientemente por el Gobierno, que dispone la aprobación automática de la Ficha Técnica Ambiental (FTA), para proyectos menores. También sería conveniente utilizar este mecanismo para poder desarrollar proyectos de ampliación, dentro de la misma huella operativa.
Si lográramos generar incentivos de tiempo y establecer un crecimiento de la industria del orden del 10%, podríamos estar hablando de niveles de inversión equivalentes al de un proyecto minero como Quellaveco.
Otro punto pendiente es el proceso de consulta previa, al cual no nos oponemos, pero consideramos que debería llevarse de una mejor manera. La casuística muestra claramente que somos el único país de la región en duplicar la consulta previa al aplicarla tanto en la etapa de exploración como de explotación.
En Bolivia, Colombia y Chile este proceso se restringe solamente a la fase de explotación. En ese sentido, respaldamos la propuesta de la comisión de impulsar el modelo de acuerdo previo entre comunidades indígenas e inversionistas como una alternativa válida que cumpla las exigencias de una consulta previa con el acompañamiento del Estado.
MINERÍA NO FORMAL
En esta nueva normalidad post Covid-19 también será vital enfocarnos en abordar la problemática de la minería no formal, que emplea a más de 500 mil trabajadores directamente y está enfocada principalmente en la producción de oro. Y con el precio actual de este metal (bordeando los US$ 2,000 la onza) es un incentivo muy tentador.
Si logramos sumar a estos peruanos a la cadena de valor, agregaríamos a nuestra producción aurífera alrededor de 600 mil a 1 millón de onzas al año. Esto, a precios actuales, significaría entre US$ 1,000 y 1,800 millones anuales.
Es decir, si, en vez de repetir fórmulas que no han tenido resultado, nos enfocamos en levantarla productividad de la cadena productiva a cargo de los mineros informales, sin duda, se generaría más rentabilidad y ello permitiría pagarla formalización. Este es uno de los objetivos principales que persigue nuestra institución.
Fuente: Gestión