Las prioridades del gobierno serán cinco sectores: agua y saneamiento, seguridad ciudadana, educación, salud y transporte

 

“Las demandas del país son enormes, y los recursos, limitados. Es lo que llamo la brecha de la impaciencia. Diseñar un presupuesto para tratar de atender todas las necesidades no solo es una labor titánica, sino también ingrata”, declaró ayer el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne al concluir el debate sobre la ley de presupuesto.

 

Hasta ayer, el Congreso aún ajustaba los detalles finales de la norma, en presencia del primer ministro Fernando Zavala. Se anticipaba que el presupuesto fuera aprobado con los votos del fujimorismo y el oficialismo, por lo menos.

1. ¿Cuáles son las premisas del presupuesto?
El proyecto presentado por el MEF y aprobado por la Comisión de Presupuesto considera un crecimiento del PBI de 4,8% en el 2017. La cifra parece optimista: el FMI estima un 4,1% en su último Panorama Económico Mundial, y el consenso de analistas económicos sondeados por el BCR apunta a un 4,2%.

Sin embargo, podría haber una sorpresa positiva con respecto al precio proyectado del cobre. Según el presupuesto, se espera un precio promedio de US$2,15 por libra para el próximo año, pero el empuje que ha tenido el metal rojo en las últimas semanas llevó a cotizar ayer en US$2,69, un máximo de año y medio. Si la tendencia al alza se prolonga, impactará favorablemente en la recaudación de impuestos al sector minero.

Por otro lado, el presupuesto asume un déficit fiscal observado de 2,5%. En ello jugarán un rol clave las devoluciones de impuestos, que deberían regresar a un comportamiento más previsible luego de un salto no esperado este año. De hecho, a octubre superaban ya los S/14 mil millones, mientras que para todo el 2017 se esperan S/13.363 millones.

2. ¿Cuáles son las prioridades?
El presupuesto declara cinco prioridades. La primera es agua y saneamiento, rubro al que se le dedicarán S/6.032 millones. No es uno de los montos más altos (representa poco más de 4% del presupuesto), pero sí el que más crece, con un salto anual de 67,9%.

La segunda prioridad es seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Así, se destinarán S/9.631 millones al gasto en orden público y seguridad. La mayor parte de ello se dedicará a la reforma salarial del personal militar y policial, a la operatividad de equipamiento policial, y a la construcción y rehabilitación de cárceles.

Aunque aparezca como la tercera prioridad, educación se lleva la mayor parte del presupuesto: S/26.181 millones o 18,4% del presupuesto. Estos recursos se dedicarán a incrementar los sueldos de los maestros y a continuar con los ascensos en las escalas magisteriales, así como a aumentar la cobertura escolar y las horas de clase, incrementar el acompañamiento pedagógico, y financiar las mejoras del currículo y los 21 colegios de alto rendimiento (COAR). También se destinarán a los programas de becas de educación superior, como Beca 18, y a reducir la brecha de infraestructura escolar.

La cuarta prioridad es salud, que se lleva S/13.776 millones o 9,7% del presupuesto. Dentro de su agenda de gastos también destaca el aumento de remuneraciones y la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil.

Finalmente, S/15.389 millones se dedicarán a gastos de capital, de los cuales un 72% irá a infraestructura de transporte.

Dada esta agenda de prioridades, no sorprende que, dentro del gasto no financiero ni previsional, sean los gastos corrientes los que más suban (7,9% anual) y, dentro de ellos, el gasto de personal aumente en 9,6%.

3. ¿Se mejorará la calidad del gasto?
En un entorno de menores tasas de crecimiento económico y teniendo el Perú una de las tasas de presión tributarias más bajas de la región, los tiempos de grandes aumentos de presupuesto de un año a otro han quedado atrás. Ahora se vuelve aún más importante la eficiencia y la calidad del gasto público. En ese sentido, como destacó este Diario el sábado, se ha incluido casi la mitad de los recursos del Estado en programas sujetos a presupuesto por resultados (PpR).

Esta metodología procura asegurar que el gasto se traduzca en servicios que mejoren el bienestar de la población. Desde que fue implementado en el 2008, el PpR pasó de financiar cinco programas presupuestales con S/2.812 millones a 60 programas este año, con S/66.913 millones.

Flavio Ausejo, de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, destaca que el PpR permite identificar y medir el impacto de los temas en los que está gastando el Estado, como también ‘blindar’ dicho presupuesto, ya que solo es modificable de forma excepcional.

No obstante, advierte que el gasto no suele resolver los problemas sociales de manera integral, ya que la asignación e implementación es sectorial. “Un desafío enorme es cómo organizamos intervenciones multisectoriales que solucionen problemas completos de los ciudadanos de forma coordinada”, sostiene. Otro cuello de botella es la falta de capacidades y estructuras presupuestales en los gobiernos regionales y locales para recibir e invertir el dinero, añade.

El Comercio