- Procuraduría y CSF refuerzan alianza contra la minería ilegal de oro
Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas en la valoración económica del daño ambiental causado por la minería ilegal de oro, la Procuraduría General del Estado (PGE) y Conservation Strategy Fund (CSF) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional.
A través de esta alianza la PGE inició un proceso de implementación, validación y perfeccionamiento de la “Calculadora de Impactos de la Minería de Oro”, desarrollada por CSF, una herramienta en línea y de acceso libre que permite estimar el daño social y ambiental de la extracción ilegal de oro en la Amazonía.
Esta herramienta nace en Brasil y viene siendo usada por el Ministerio Público Federal y la Policía Federal de dicho país para el establecimiento de multas en procesos judiciales. Asimismo, cuenta con versiones en Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia.
Para el uso de esta herramienta a través de la PGE, en el último año se hicieron ajustes adicionales, como la incorporación de más departamentos amazónicos y la estimación del costo de esta actividad ilícita, a través del número de maquinarias identificadas en los operativos de interdicción (retroexcavadoras).
La Procuradora General del Estado afirmó que esta suscripción representa la voluntad de cooperar, intercambiar saberes y construir juntos soluciones sostenibles para enfrentar desafíos tan complejos como la deforestación, la contaminación por mercurio o la degradación de nuestros ecosistemas amazónicos.
Por su parte, el Director de Conservation Strategy Fund Perú señaló que gracias a este convenio se da un paso decisivo para adaptar y adoptar la calculadora en el contexto peruano, a través de una institución fundamental como la Procuraduría General del Estado, junto a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales y la Dirección de Valoración y Pericias.
Curso en marcha
Como parte de este convenio, los días 16 y 18 de julio se desarrollará de manera virtual el curso “Uso de la Calculadora de Impactos de la Minería Ilegal de Oro”, dotando de conocimiento que permitan optimizar la defensa jurídica del Estado. Este trabajo de ajuste metodológico y de capacitación hacia la adopción de la herramienta está siendo posible con el apoyo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y Gordon and Betty Moore Foundation.
De esta manera, CSF contribuye con herramientas científicas y técnicas al trabajo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos Ambientales, en el marco del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado, y así optimizar sus acciones legales, procesales y de planificación estratégica. Además, la Procuraduría General del Estado reafirma su vocación de modernización institucional y liderazgo técnico en la defensa jurídica de los intereses del Estado.