José Salardi, director ejecutivo de ProInversión.
Cuando viajamos a países desarrollados, lo primero que nos llama la atención es la calidad de sus servicios como los aeropuertos, carreteras, el transporte público por medio de metros, los hospitales, colegios, universidades, entre otros.
Por ello, una infraestructura pública de calidad y al servicio de todos los ciudadanos es vital para tener un país moderno, porque no solo mejora la calidad de vida, sino que también asegura la sostenibilidad del crecimiento económico.
¿Cuán lejos estamos de ser un país con una moderna infraestructura pública al alcance de todos los peruanos? Según la “Guía para la inversión en proyectos de infraestructura en el Perú 2022/ 2023”, presentada por EY Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y ProInversión, la brecha del país en infraestructura básica se calcula en aproximadamente 110,000 millones de dólares, en los sectores de transporte, salud, telecomunicaciones, saneamiento, entre otros.
Sin embargo, el Estado no cuenta con los recursos suficientes para construir y operar la infraestructura pública que el conjunto del país requiere. Al respecto, el mecanismo de las Asociaciones Público-Privadas (APP) busca llenar ese déficit de recursos públicos con la participación del sector privado.
Cartera de proyectos
El director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), José Antonio Salardi, informa que a la fecha tienen una cartera de inversión variada.
“Contamos con 44 proyectos de APP y proyectos en activos en maduración y maduros con una inversión aproximada de 9,500 millones de dólares para el período 2023-2024. De este total, en el 2023 esperamos adjudicar proyectos por un monto aproximado de 3,000 millones de dólares”, precisa.
Explica que a pesar del clima de conflictividad social coyuntural, el Perú sigue siendo atractivo para la inversión privada de largo plazo por medio de las APP.
“Puede haber inquietudes de algunos inversionistas sobre la coyuntura en el país, pero lo importante es que Perú cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos y un marco legal estable sustentado en los tratados internacionales en materia de inversión y demás regulaciones en materia de promoción y protección de la inversión privada, lo que brinda seguridad y confianza a los inversionistas”, refiere.
“Estamos convencidos de que el país sigue siendo una plaza interesante para los inversionistas privados nacionales y extranjeros”, agrega.
Calidad
Salardi explica que las APP permiten la participación de la inversión privada mediante contratos a largo plazo, en los que interviene el Estado y uno o más inversionistas privados, en los que se incorporan conocimiento, experiencia, equipo y tecnología. “La APP es una modalidad muy potente para cerrar las brechas de infraestructura y de servicios públicos”
Destaca asimismo que uno de los grandes atributos es que una APP asegura la sostenibilidad de la infraestructura y del servicio público con altos estándares de calidad. “Otro atributo es que la APP ayuda a la sostenibilidad fiscal a mediano y largo plazo, porque permite financiar grandes proyectos de inversión y pagarlos en varios años”.
Señala además que una APP incorpora incentivos para que la obra se ejecute en un tiempo óptimo y permite asignar adecuadamente los riesgos entre el sector privado y el público en el desarrollo de un proyecto de inversión; mientras que en una obra pública todo el riesgo lo asume el Estado.
ProInversión es un actor fundamental en la promoción y la participación de la inversión privada en el país, por ello consultamos a su director ejecutivo la visión de su institución para este año.
“Prevemos que será un año del reimpulso de las adjudicaciones de los grandes proyectos mediante la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) tras varios años de resultados poco satisfactorios”, afirma.
“Apuntamos a una recuperación de la confianza del sector privado mediante un trabajo conjunto con los inversionistas, ministerios y autoridades regionales y municipales”, agrega.
Evolución de las APP
Por otro lado, Salardi comenta que la evolución del uso del mecanismo APP en los 20 años de ProInversión fue favorable y destaca que en este período se han adjudicado aproximadamente 100 proyectos APP por un monto superior a los 34,000 millones de dólares y más de 100 proyectos en activos por 7,500 millones de dólares.
En el rubro transportes se adjudicaron 26 proyectos por 13,252 millones de dólares, que permitieron incrementar en ocho veces el volumen de las exportaciones entre el 2001 y el 2021.
Respecto al sector electricidad, se adjudicaron 37 proyectos por 9,540 millones de dólares, destacando las líneas de transmisión.
En telecomunicaciones se adjudicaron 14 proyectos por 4,381 millones de dólares que ayudaron a desarrollar la red de infraestructura de fibra de Perú.
En saneamiento se adjudicaron seis proyectos por 1,102 millones de dólares, lo que ha posibilitado, por ejemplo, que en Lima se trate más del 90% de las aguas residuales. En irrigación tres proyectos por 1,320 millones de dólares, que incrementaron la superficie del uso agrícola competitiva, impulsando la diversificación de productos.
Por otro lado, Salardi explica que los procesos de ProInversión (formulación, estructuración y adjudicación) cuentan con los filtros necesarios para evitar actos de corrupción.
“Ello nos permite asegurar procesos eficientes, transparentes y competitivos; todos los documentos de los procesos son publicados en la página web, así como los requisitos para los postores y la cláusula anticorrupción”, puntualiza el funcionario.
Control concurrente
Por su parte, el socio de Impuestos de EY Perú, Manuel Rivera, comenta que por una serie de factores (Lavajato, pandemia, inestabilidad política, entre otros) hubo un declive en los últimos años en la adjudicación de megaproyectos al sector privado. “Esperamos que con el lanzamiento del Plan de Infraestructura con Sostenibilidad pueda haber un repunte en los años siguientes”, subraya.
Destaca que hay un esfuerzo importante por evitar la corrupción en los procesos de APP. “Hay un esfuerzo importante para que haya un control concurrente (mientras las obras se ejecutan) por parte de la Contraloría General de la República.
Desde el lado de la empresa privada, se han incorporado buenas prácticas de buen gobierno corporativo justamente para evitar casos de corrupción, como el cargo de oficial de cumplimiento, elaboración de protocolos y políticas, líneas abiertas de denuncias, entre otros”, explica.
Sostiene que hay un gran potencial para la inversión privada mediante las APP, y al ser megaproyectos de montos muy importantes atraen a grandes inversionistas. “Actualmente, hay presencia en Perú de inversiones de Asia (China, Corea), de Europa (España, Italia, Portugal, Alemania), entre otros”, afirma.
También expresa su confianza en que la coyuntura social y política será superada para volver a atraer grandes capitales al país.
“El Perú ha mostrado un sólido compromiso con la inversión privada en los últimos 30 años. Si bien la coyuntura es preocupante, confiamos en que saldremos de esta crisis y entraremos a un espacio de mayor calma que permita atraer a los capitales extranjeros”, puntualiza.
Proyectos previstos otorgar en APP en el primer semestre del 2023:
– Enlace Ica-Poroma e ITC Cáclic-Jaén (132 millones de dólares).
– Hospitales de Essalud de Piura y Chimbote (331 millones de dólares).
– PTAR Maldonado (88 millones de dólares).
– Bandas AWS-3 y 2.3 GHz para internet móvil 4G (268 millones de dólares).
Fuente: Andina