Miguel Román Valdivia, presidente de la Comisión de Energía y Minas
ProActivo
Desde el inicio del Pleno del jueves 19 y tras un largo debate, el dictamen del proyecto de ley que propone garantizar la seguridad jurídica en los contratos de estabilidad tributaria, retornó a la comisión dictaminadora de Energía y Minas.
La sustentación del dictamen (que modifica el Texto Único Ordenado de la ley General de Minería) estuvo a cargo del congresista Miguel Román Valdivia, presidente de la comisión.
Explicó que la iniciativa propone modificar los artículos 72, 80, 83-B, 84 y 85 e incorporar el quinto párrafo al artículo 83 –B del TUO en lo que se refiere a garantías y medidas de promoción a la inversión, a fin de uniformizar el tratamiento de los beneficios contractuales a los que se refiere el texto, establecer el momento en el que se considera fijar la fecha de la estabilidad, así como incluir en sus alcances a las inversiones preexistentes.
“Es importante mencionar que el Poder Ejecutivo señala que estas modificaciones resultan necesarias para contar con una legislación estándar que promueva las inversiones y genere estabilidad jurídica”, dijo el legislador. Sostuvo que a futuro la inversión privada será importante para sostener el crecimiento económico.
El debate se inició con la intervención del congresista Richard Arce quien expresó su preocupación por los contratos de estabilidad que se les da a las empresas mineras, pues -según dijo- en su región, Apurímac, Las Bambas empezó a explotarse en el 2016 y solo ha recibido regalías mineras y no canon minero.
“La propuesta significa que las empresas puedan recuperar su inversión en los primeros años y en esa proyección no va a pagar impuestos por 300 millones de dólares anuales, dinero que no está ingresando a la región. Estamos hablando de más de mil millones de dólares en estos tres años y medio que pudo haber ingresado a la región como canon, como retribución por la explotación minera en la lógica de generar benéficos a la población”, subrayó el legislador.
Por su parte, Marisa Glave se pronunció en contra de la inclusión del texto propuesto: “adicionalmente, el beneficio contractual recae en las inversiones para el desarrollo del proyecto que se hubieren ejecutado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de suscripción del contrato de estabilidad tributaria”.
También participaron los congresistas Manuel Dammert, quien opinó que “estos contratos de estabilidad tributaria congelan las reglas de juego, no es una nueva política minera que permita recuperar los recursos naturales. Eso es un saqueo”; en tanto que Humberto Morales subrayó que pedir que se posterguen obligaciones tributarias de 12 a 15 años era una aberración. Este proyecto de ley está enmarcado en una grosera ayuda a las empresas mineras que operan en nuestro país”, opinó.
Gino Costa (BL) dijo que se trataba de “una pequeña modificación a la Ley General de Minería que tiene muchos años para uniformizar las normas que se aplican a la estabilidad tributaria de 10 años, 12 años o 15 años”, dijo el legislador. Dijo que debe haber un régimen que incentive más inversiones mineras.
Al intervenir el congresista Ángel Neyra (FP) señaló que no se trata de una nueva Ley General de Minería, sino de algo específico asociado a inversión que se da en el contexto que el país requiere de inversiones para resolver las demandas sociales.
Por su parte, el parlamentario Jorge del Castillo (CPA) descartó que los contratos de estabilidad “no sirvan” como se habría indicado durante el debate, porque, según explicó, “el que lo suscribe tiene que pagar 2% más si es que lo quiere firmar”, dijo y agregó que “estos contratos existen por la inestabilidad de este gobierno.
Durante el debate algunos congresistas plantearon que el dictamen vaya a un cuarto intermedio (Clayton Galván, Del Castillo, Úrsula Letona), en tanto que otros, recomendaron que la comisión haga un mejor estudio (Richard Arce, Marco Arana). Yonhy Lescano pidió que el dictamen sea archivado en esa misma sesión.
Finalmente y por votación (56 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones) se decidió que retornase a Comisión.
RECONSIDERACIÓN
Seguidamente el Pleno aprobó reconsiderar la votación realizada en el sesión del 2 de mayo de 2019, el nuevo texto sustitutorio y consensuado sobre el dictamen que propone la Ley de Control Previo de Operaciones de Concentración Económica.
De esta manera, serán nuevamente debatidos ante la Representación Nacional los proyectos de ley 353, 367, 2398 y otros, sobre ese tema.
El pedido para reconsiderar el voto anterior fue de los congresistas Mercedes Aráoz Fernández, presidenta de la Comisión de Economía; Elías Ávalos, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Úrsula Letona y Jorge Del Castillo.
Luego de aprobarse, la presidenta de la sesión, Karina Beteta, decidió suspender la sesión y reiniciarla a las 3:30 pm.