La compañía Anglo American retomará en noviembre la construcción de su mina de cobre en el distrito de Torata-Moquegua, paralizada hace cuatro meses por la emergencia sanitaria. Voceros de esta compañía anunciaron a La República que retomarán sus actividades con el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) para evitar el contagio entre los trabajadores.
Quellaveco fue uno de los proyectos mineros del país obligados a suspender por la pandemia. De los más de 15.000 trabajadores que laboraban en la construcción de la obra, ubicada en la sierra de Moquegua, el 90% regresó a casa. Solo quedaron 1.200 para tareas críticas.
El 20 de abril, la compañía oficializó la suspensión. En la ciudad de Moquegua, un grupo de opositores al proyecto hizo correr el rumor de que los trabajadores esparcían el virus.
Lo más significativo del retorno es que solo laborarán 10.000, ya no 15.000. Esa cantidad garantiza el cumplimiento de la distancia social, una de las recomendaciones de las autoridades de salud para prevenir la propagación de la Covid-19. También se efectuó la desinfección del campamento.
El proyecto se construye a más de 4.000 metros de altura y tiene un avance del 40%.
En el cronograma de la empresa habían previsto empezar a producir en 2022. La compañía mantiene esa expectativa de plazo, con un retraso de algunos meses por la emergencia sanitaria y la menor cantidad de personal que dispondrán. La inversión promedia de US$ 5.000 a US$ 5.300 millones, y tendrá un incremento por la pandemia.
Ayer, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui, señaló que este proyecto representa 90% de inversión minera en esta región. Incháustegui está abocado a generar espacios de diálogo y prevenir conflictos sociales.
El año pasado, un grupo de agricultores del centro poblado de Tumilaca efectuó protestas contra Quellaveco. Argumentó que la construcción de la mina provocaba contaminación de las fuentes de agua.
Tras la suspensión de la medida de fuerza, se conformó un grupo de trabajo en ese sector para atender las preocupaciones ambientales. Incháustegui firmó una resolución ministerial que extiende la vigencia de este espacio de diálogo que, según el dirigente Miguel Vizcarra, servirá para organizar los monitoreos ambientales.
Según Vizcarra, la construcción de la mina afecta al río Asana, cuyo caudal es utilizado para el riego de más de 450 hectáreas de cultivos.
El dato
Demanda. Los dirigentes locales plantearon la revisión del estudio de impacto ambiental, pues cuando la mina ingrese en operación provocará daños ambientales. “Eso lo vamos a demostrar con nuestros técnicos”, dijo Vizcarra.
Fuente: La República
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