Proyecto Siete Regiones se aplaza hasta el último trimestre

Este 2019 se cumplen 13 años de infructuosos intentos del Estado Peruano por llevar el gas de Camisea a los hogares de la sierra y la selva. Empezando con el concurso convocado por Pro Inversión, en enero del 2006, que “no tuvo postores”, como recuerda el especialista en energía Humberto Campodónico.

Desde ese entonces, se han dado diversas iniciativas que se dilataron por diversos motivos. Pero, particularmente, por el precario desarrollo industrial en la sierra, que impide la aplicación del mecanismo de subsidios cruzados (usado en todos los procesos de masificación del uso del gas), según refieren los especialistas consultados por este suplemento.

Industrias y hogares

“El consumo domiciliario es ridículo en términos de volumen. Lo único que sustenta llevar el gas natural a una región es el consumo industrial”, apunta César Bedón, especialista del sector gasífero.

Apenas el 2% de todo el gas natural distribuido en el Perú es consumido por hogares y comercios. El gran volumen se orienta a termoeléctricas a gas (63%) e industrias (22%), que constituyen la “carne” del negocio.

Por eso, llamó la atención una noticia aparecida hace pocos días en un diario local, que afirmaba que el proyecto Siete Regiones –diseñado para llevar el gas natural a Ucayali, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno– prescindiría de conectar a industrias y comercios.

“Ningún concesionario de gas natural va a querer atender únicamente a residencias. No es un secreto que siempre querrán conectar a las industrias”, apunta Bruno Vega, socio de asesoría empresarial de Legal Partners.

Incluso las empresas interesadas en participar en el concurso de Pro Inversión se mostraron sorprendidas.

Es el caso del Consorcio Wapsi Perú –formado por LNG Holding y China Gezhouba Group Company Limited– uno de los tres postores calificados junto a Cálidda y la boliviana YPFB.

“Si se confirma [la noticia], tendremos que evaluar en qué nuevas condiciones se propone la ejecución del proyecto. La supuesta exclusión de las industrias reduciría en forma apreciable el atractivo económico, que ya de por sí es casi marginal. En compensación, se requeriría un mayor subsidio del Estado”, refiere Julio Icaza, gerente técnico de LNG Holding.

Subsidio estatal

Día1 se comunicó con Pro Inversión, y su respuesta fue rotunda: “No se ha decidido excluir a industrias y comercios [del proyecto Siete Regiones]”.

Según la entidad estatal, la única diferencia con otros proyectos de masificación del uso del gas es que este no se manejará con subsidios cruzados (debido a la escasez de industrias).

En lugar de ello, el concesionario recibirá un fuerte subsidio estatal de US$513,8 por cada hogar que conecte a su red de distribución, con cargo al Fondo de Inclusión Social Energética (FISE).

“Esto significa que lo que no pueda ser cubierto con la venta de gas a los usuarios residenciales, será aportado por el Estado. Ese es el mecanismo que se empleará para evitar los problemas que enfrentan Quavii y Naturgy (concesionarios para el norte y sur del país)”, apunta Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy.

Ambas empresas afrontan fuertes pérdidas, debido a que las industrias de sus respectivas jurisdicciones han sido ‘secuestradas’ por comercializadores de gas natural comprimido (GNC), combustible más competitivo que el gas con tarifa regulada que ellas expenden.

Nueva fecha

ProInversión rebajó recientemente sus estimaciones de inversión para el proyecto, de US$400 millones a US$200 millones.

De acuerdo con la agencia estatal, la diferencia obedece a que ha acortado el horizonte de inversión, de 32 años (dos de construcción y 30 de suministro) a diez años (dos de construcción y ocho de suministro).

“El cambio en el cálculo del monto de inversión en el contrato no afectará el impacto positivo del proyecto: conectar a más usuarios”, señala ProInversión.

El ganador de la licitación llevará el gas natural de los lotes 88 (Cusco) y 31-C (Ucayali) a 113.535 viviendas en 14 localidades (de siete regiones) en un plazo mínimo de ocho años.

Pero, ProInversión prevé licitar el proyecto ya no en el tercer trimestre del 2019, sino en el cuarto.

Fuente: El Comercio