- El abogado Francisco Tong señala que la propuesta aprobada en la Comisión de Energía y Minas desnaturaliza un sistema reconocido internacionalmente por su objetividad y predictibilidad.
La reciente aprobación en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de un dictamen que plantea reducir de 30 a 15 años el plazo para declarar la caducidad de concesiones mineras sin actividad, podría debilitar la seguridad jurídica y afectar la imagen del Perú como destino de inversión de largo plazo, alertó Francisco Tong, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.
Desde su experiencia en derecho minero, Tong sostuvo que el proyecto constituye “un golpe directo a uno de los pocos consensos técnicos que ha distinguido históricamente al Perú: la calidad, objetividad y predictibilidad de su sistema de concesiones”.
Recordó que el régimen peruano ha sido reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial y por jurisdicciones mineras líderes como Canadá, Australia y Estados Unidos, debido a su carácter objetivo y no discrecional, así como a la clara separación entre el título de concesión y las etapas posteriores de permisos ambientales, sociales y operativos.
“El predictamen introduce plazos artificiales, penalidades crecientes sin evaluación previa y causales amplias y ambiguas de caducidad. Reducir plazos bajo amenaza no acelera la inversión: la frustra”, afirmó en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
El especialista agregó que el mensaje para el inversionista extranjero es claro: un sistema admirado por su estabilidad pasa a ser políticamente modificable, elevando el riesgo regulatorio.
Catastro y formalidad
Respecto al impacto en la gestión del catastro minero, Tong consideró que el argumento de que la caducidad acelerada “liberará” áreas y dinamizará la formalización es técnicamente incorrecto.
“Liberar concesiones sin un Estado fuerte no conduce a más formalidad, sino a mayor ocupación informal, expansión de la minería ilegal y pérdida de control territorial”, advirtió.
El abogado cuestionó además la narrativa del “acaparamiento” de concesiones. Dijo que solo alrededor del 15% del territorio nacional o cerca del 10% del área efectivamente disponible está concesionado, lo que en términos comparados constituye un nivel moderado.
“La mayor parte del territorio no está concesionado y cada año se liberan miles de concesiones, mientras se presentan más de 4,000 nuevos petitorios. No hay evidencia empírica de un acaparamiento generalizado”, sostuvo.
Añadió que muchas concesiones sin actividad lo están por factores ajenos al titular, como retrasos administrativos, conflictos sociales o superposición de derechos. “Penalizar estas situaciones no ordena el catastro; lo desordena”, enfatizó al IIMP.
Riesgos estructurales
Tong explicó que la iniciativa no está alineada con las necesidades reales del sector. Detalló que en minería solo uno de cada 200 prospectos o incluso menos llega a convertirse en mina, tras décadas de estudios, exploración y cumplimiento de exigencias ambientales y sociales.
“Pretender que el bajo porcentaje de concesiones con actividad es prueba de especulación revela una profunda incomprensión del ciclo minero”, afirmó.
El abogado también cuestionó que se proponga duplicar penalidades sin evaluar el régimen vigente, reformado en 2008 y cuyos efectos recién se vienen materializando entre 2019 y 2026. “Legislar sin evaluar constituye una imprudencia regulatoria que rompe con estándares mínimos de análisis costo-beneficio”, indicó.
Tong agregó que la aprobación del proyecto en su forma actual podría generar pérdida de competitividad frente a otras jurisdicciones, incremento de litigios administrativos y arbitrales, congelamiento de inversiones exploratorias, las más sensibles a cambios regulatorios y un eventual efecto en cadena sobre empleo, recaudación y desarrollo regional.
“El problema de las concesiones inactivas no se resuelve debilitando la institución de la concesión minera, sino fortaleciendo la presencia del Estado y la gobernanza territorial”, concluyó Tong.