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Rolando Luque es quizás el peruano que más ha estudiado los conflictos sociales en la última década. Analiza con rigor las causas de su escalamiento, violencia y sangre, el negacionista y la tramitología, y el nuevo momento de la conflictividad, caracterizado, precisamente, por una mayor organización de la violencia. Discrepa de la idea plana de las poblaciones manipulada por agitadores pero reconoce el carácter antisistémico de las protestas sociales.
Una convicción generada estos años respecto a los conflictos sociales en el Perú es su tendencia a ser cruentos. ¿Por qué derivan en violencia con muerte?
Esto se debe creo a tres razones. En primer lugar, la rapidez con la que escala la violencia; luego, de parte del Estado hay una displicencia, una creencia de que se puede resolver el conflicto siendo indiferente o finalmente reprimiendo; y la otra, por la carta de la represión. No tenemos una policía especializada en control de multitudes y para atender la violencia en los conflictos sociales.
Esto implicaría negar otra tesis, que señala que hay una razón cultural social de los peruanos. ¿Somos un pueblo violento y cruento?
Yo rechazaría esa tesis de plano. No he observado en los conflictos sociales que la primera carta que se juegue la población sea la de la violencia. Lo que hacen generalmente es recurrir sí a la esfera pública.
Una parte de la academia señala que este auge de los conflictos no es una ruptura sino la continuidad histórica de un país siempre situado al borde del conflicto.
Estos 15 años lo que dejan como lección es que los niveles de intermediación política no han sido lo suficientemente eficaces. Sin embargo, como buena noticia es que estos 15 años de democracia son históricos, no los hemos vivido nunca en nuestra historia republicana y menos aún asociados al éxito económico. La gran pregunta es si en estos años de prosperidad hemos sido capaces de dar pasos seguros de cara a hacer sostenible la economía.
Por qué hay una tan baja tasa de solución de conflictos. Reviso los informes de la Defensoría y no hay relación entre los nuevos conflictos y la solución de otros.
Los Estados están diseñados para resolver problemas y la mayoría de los problemas en el Perú se canalizan a través de procedimientos administrativos, jurisdiccionales, constitucionales, a través de prácticas políticas. Pero hay un conjunto de casos que son particularmente complejos que desbordan esa débil institucionalidad y se expresan de una manera enérgica y a veces muy violenta, donde aparecen actores que no han sido elegidos por nadie pero la población siempre busca ser representada.
La tipología de los conflictos de la Defensoría pone énfasis en su naturaleza sectorial; no obstante otra tipología, la del IEP (Instituto de Estudios Peruanos), enfatiza en los derechos. ¿No sería mejor colocar en el eje de la discusión cómo se aprueba un Estudio de Impacto Ambiental (EIA)?
Esta es una institución que defiende derechos y supervisa la administración estatal. Entonces lo que hemos privilegiado son los temas socioambientales, laborales, cultivo ilegal de hoja de coca, demarcación territorial, y cuando nos referimos al gobierno nacional, regional y local, nos referimos a sus asuntos, a cómo gestionan públicamente sus propias agendas.
Esa tipología la combinamos con otra referida a las competencias. Desde luego que la tipología del IEP para análisis de más largo plazo es muy útil.
Se advierte que el Estado aprueba el EIA y deja suelta a la empresa, a ver cómo resuelve la licencia social; no se nota a un Estado mucho más interesado en establecer lazos entre la sociedad y la empresa.
Sí, y tengo la impresión de que además la aprobación del EIA ha sido vista como un trámite administrativo y no como un hecho político. Por eso es que el Estado en aquellos lugares donde está interesado en sacar adelante un proyecto importante para el país tiene que poner su cuota, tiene que atender las necesidades de la población. En Tía María, echábamos de menos a un Estado que pueda haber construido la represa de Paltuture, si lo que se está discutiendo es el estrés hídrico de la zona.
Entrando a la política de los conflictos, la Defensoría dice que el grueso de las demandas de un conflicto tiene legitimidad. No obstante, parece que se subestima que en cada conflicto hay una utilización política…
El conflicto social no se limita a reivindicaciones. En la mayoría de los casos hay una intención muy pragmática, es decir, yo planteo ciertas demandas muy concretas, son atendidas y volteo la página, no estiro el conflicto por razones políticas. Todo conflicto, más allá de las reivindicaciones que contengan las demandas que se plantean, es un cuestionamiento y una crítica al sistema.
La crítica a la tramitología, que es un cuestionamiento político al Estado, nos lleva al negacionismo. Cuánto de esta negativa entrampa el conflicto.
Cuando se habla de tramitología lo que imagino es que se tiene en mente las enormes dificultades para sacar adelante un proyecto de inversión. Por otro lado, cuando se habla de tramitología a lo que se está refiriendo también es a “hagamos de este país un país de empresas formales”. Soy de los que creen que la informalidad es a la economía como los conflictos es a la política, es decir, recursos extra para encarar problemas difíciles.
Este auge del conflicto, se ha dicho, se relaciona mucho con los 20 años de violencia política. Pero cómo se empatan; porque la gente sale frustrada de ese proceso o porque sabe que las medidas de fuerza son una forma de alcanzar resultados.
La violencia en los conflictos sociales tiene prestigio en el Perú, y hay una percepción de que a través de los medios violentos se puede ser más eficaz que ir por el camino lento de los procedimientos. Eso lo saben bien algunos dirigentes y lo intuyen las poblaciones. Pero creo que hay que distinguir entre la violencia espontánea de las poblaciones, y otro tipo de violencia que tiene planificación y quizá el caso más notorio sea el de Tía María. No habíamos visto antes formas de organización ex profeso para enfrentar a la policía.
Son los “espartambos”, los reservistas desplazados de otras zonas…
En el conflicto de Tía María se piensa que hay unidad en el actor social, y la verdad es que hay también diversidad de intereses y de percepciones; uno puede encontrar agricultores propietarios, jornaleros, alcaldes que juegan en el marco de la democracia; y puede encontrar algo que creo que la información que obtenga el servicio de inteligencia va a ser de utilidad: estamos ante un caso en el que para sustentar una medida de fuerza se ha recurrido a la organización y planificación de la violencia para enfrentar a la policía. Lo que es completamente nuevo es el haber usado escudos, huaracas, tener los rostros cubiertos, sus desplazamientos en el terreno, que tienen claramente señales de militarización.
Cuánto han cambiado las formas de protesta. Es mucho más democrática la decisión de entrar en un conflicto o es que hay una masa moldeable y 4 o 5 jefes que digitan todo.
La posibilidad de manipulación siempre está presente pero yo no podría asegurar que cuatro radicales son capaces de manejar los hilos de la conflictividad social en el Perú; sí se montan sobre los conflictos sociales pero que los fabriquen, no es verdad; en el Perú sobran razones para protestar y, por otro lado, la protesta sí ha sufrido algunos cambios; en principio las medidas de una fuerza buscaban adhesión, ahora más que eso lo que se busca es incomodar.
Esa transformación del conflicto en una guerra política tiene una creciente demanda de recuperación del orden público recurriendo al Estado de Emergencia.
El Estado de Emergencia es casi una confesión de que algo se hizo mal desde el comienzo, o no si llegó a tiempo, se improvisó o se tuvo una lectura poco minuciosa de las realidades locales. Y de pronto se quedaron sorprendidos con los niveles de violencia, que intentaron resolver a través de ocupación territorial, más policías, fuerzas armadas. Si bien la ocupación territorial ayuda, estos problemas se resuelven a través del servicio de inteligencia.
En el caso de Tía María era evidente y natural que luego de los últimos sucesos se declare el Estado de Emergencia…
Y en la Defensoría del Pueblo hemos explicado nuestra conformidad con la medida porque no hay posibilidad de explorar posibilidades de diálogo si no hay una pacificación de la zona. Y ahí yo haría una separación entre la gente que protesta que es del valle y tiene legítimas dudas respecto del EIA, de estos grupos altamente violentos que han asesinado un policía indefenso; ese hombre ya no ofrecía ninguna resistencia. Más de 50 familias han tenido que dejar (sus casas); yo creo que ahí hay algo que va más allá de la protesta.
Esa transformación, esa especie de guerra donde se siente la necesidad de vencer al otro, qué evolución tendrá en los próximos años teniendo en cuenta las inercias del Estado.
Yo creo que eso va a depender mucho de la calidad que le vayamos agregando a la democracia. El Perú tiene un plan económico, sin embargo el plan político para el Perú no está entre las prioridades. Creo que en los periodos de bonanza se deben hacer dos cosas: iniciar reformas en el sistema político, administrativo y electoral; y el otro aspecto que hay que acometer es fortalecer las capacidades de las personas. Nos alegramos de haber pasando los 3 puntos de inversión en educación pero para los déficits educativos en el Perú 3 puntos no son nada.
Tía María: los alcaldes están obligados al juego democrático y no pueden rechazar el diálogo
En Tía María no supimos qué hacer con el conflicto y con la violencia y ahora no sabemos qué hacer con la pausa que la empresa decidió. Se cumplen 14 días de los 60 y no se han movido las fuerzas.
Creo que hay tres escenarios: uno es creado por el gobierno y la empresa y los 60 días, lo que a todas luces parece ser insuficiente; 60 días para resolver un problema de esta envergadura no creo que se logre. El segundo escenario es el de abril, y más que hablar de un tiempo determinado, hablar de qué es lo que está decidido a hacer el Estado en la zona, algún anuncio importante en relación con el desarrollo, a la identificación de interlocutores para reiniciar el diálogo. También es importante que el Estado rinda cuentas de cuál ha sido el resultado de la acción policial para desbaratar este foco de violencia organizada. Y el tercer escenario es el de la lucha política pura y dura, es decir, Tía María es un tema secundario; de lo que se trata es de golpear al Presidente, golpear al gobierno y ver cuánto se puede avanzar políticamente.
Nos estamos moviendo entonces entre el segundo y tercer escenario.
Sí, y yo espero que el segundo escenario pueda prosperar y en el corto plazo se puedan dar pasos prudentes pero efectivos. También esperamos de la empresa alguna autocrítica, alguna expresión pública que la reconcilie con la gente del valle (del Tambo).
Hablamos de un proceso en el que sentar a los actores a la mesa no será posible en los próximos días, un modelo de administración de conflicto no tan convencional.
Estamos en el primer paso, de reconstruir las relaciones que están muy deterioradas. El segundo paso es identificar quiénes son los que se pueden sentar a dialogar y cuál es el sentido actual del diálogo. Ya nosotros, la Defensoría, hicimos un esfuerzo por entrar al diálogo; sin embargo, en ese momento la decisión se mantenía de cancelación del proyecto, salida de la compañía minera de la zona.
Hay un problema serio para entrar al segundo escenario; da la impresión de que está descabezada la oposición al proyecto; parecería que no hay en Islay con quién sentarse a la mesa.
Tiene que haber un cambio de actitud de autoridades que han sido elegidas por el voto popular y que están obligadas al juego democrático. Ningún alcalde puede rechazar el diálogo. Los alcaldes tienen que recuperar toda su dimensión democrática y sentarse a dialogar. Y en el caso de los agricultores, si alguno de sus dirigentes está comprometido con actos ilícitos, creo que merecen otro tipo de representación, otro tipo de liderazgo.
La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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