Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, advirtió que desde la instalación del gobierno de Pedro Castillo el trabajo de prevención de conflictos sociales ha sufrido un bajón.
—Este jueves, el presidente Castillo cumple 100 días de mandato. ¿Cuál es su balance de esta primera etapa en el manejo de conflictos sociales?
Lo que hemos observado sobre todo es que, en un primer momento, hubo un exceso de protagonismo de parte del [anterior] presidente del Consejo de Ministros [Guido Bellido] al colocarse por encima del esquema de gestión de conflictos que debe estar principalmente en los órganos especializados. […] En parte, esta inestabilidad ha sido heredada por el gobierno anterior y en parte también hay una cuota de responsabilidad en el nuevo gobierno de no haber tomado con mayor firmeza y habilidad las primeras decisiones que son claves para asentar adecuadamente a un gobierno.
—En setiembre, la Defensoría del Pueblo advirtió en un informe sobre el conflicto en la comunidad de Aquia (Áncash), pero desde el gobierno no hubo ninguna reacción hasta que Antamina suspendió sus operaciones. ¿El Ejecutivo pudo evitar que este conflicto escale? ¿Cómo?
Siempre es posible que tratándose de operaciones mineras de la magnitud de Antamina, como también puede ser Las Bambas, Cerro Verde o Yanacocha, que son grandes operaciones mineras que reportan en términos de tributos ingresos significativos para el país, el Estado tiene la responsabilidad de hacer un seguimiento permanente de cómo están las relaciones entre la minera y la población. De modo tal que si hay demandas sensibles de la población en relación con el comportamiento de la minera, el Estado debe anticiparse a que esas demandas no vayan a convertirse en conflictos sociales y en hechos de violencia posteriormente.
—En el mismo documento se menciona que hay 198 conflictos sociales en el país. En los tres primeros meses de su administración, Castillo no ha logrado resolver ninguno…
Son 198 conflictos sociales, 142 activos y 56 latentes. Hay que tener en cuenta de que hay 1.300 demandas, que son promovidas por 537 organizaciones sociales y que están dirigidas a 318 entidades estatales y 73 empresas. Esto es para dimensionar la complejidad del tema y también para que se entienda en el gobierno que no se trata de un asunto de enviar a la policía o de muñeca política, sino que implica inversión estatal en lo que llamamos infraestructura para el diálogo. Otro punto importante es el cumplimiento de los acuerdos; el 50% de los acuerdos firmados por el Gobierno o por el Estado en general no han sido cumplidos.
—¿Este es el punto débil en el manejo de conflictos sociales? ¿El seguimiento de las actas de acuerdos?
Es la principal amenaza para la legitimidad de los espacios de diálogo. Lo que muchas veces ocurre es que una vez concluido el proceso de diálogo tras la suscripción de actas, no hay una responsabilidad plena del cumplimiento,
algunas terminan archivadas. Y por la importancia que tiene el tema, no podía haber habido ningún descuido. Sin embargo, hemos visto que no ha habido una política clara sobre la gestión de conflictos y seguimos aún esperando esa propuesta.
— ¿ Existe algún tipo de coordinación entre la Defensoría del Pueblo y el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM?
Cada gestión ha hecho un aporte significativo para la comprensión de la conflictividad social, se han desarrollado herramientas, también se han cumplido una cierta cantidad de acuerdos, pero este trabajo ha sufrido un bajón, un bache del que se debe salir.
Fuente: El Comercio