Roque Benavides

La minería ilegal es un problema persistente y complejo que afecta tanto a la economía como al medio ambiente en varias regiones del mundo. En el caso de Perú, este fenómeno no solo representa una pérdida económica significativa, sino que también tiene repercusiones a nivel internacional, especialmente en Bolivia. Roque Benavides, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), y Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Compañía Minera Poderosa, han brindado detalles sobre la magnitud de esta problemática y las medidas necesarias para combatirla.

El contrabando de oro en Perú

Según Roque Benavides, se estima que entre el 20% y el 30% de la producción de oro de Perú se exporta de contrabando, principalmente a Bolivia. Este contrabando representa un grave problema para Perú, ya que el oro que se exporta ilegalmente no contribuye a la economía formal y evade la regulación estatal. Benavides señala que este oro ilegal forma parte de las exportaciones oficiales de Bolivia, lo que convierte a este país en un gran beneficiado de la minería ilegal en Perú.

Ver también:  Perú y Estados Unidos suscriben Memorando de Entendimiento para impulsar inversiones en minerales críticos

En 2023, las exportaciones mineras de Perú sumaron casi 45 mil millones de dólares, con el cobre representando el 50% y el oro entre el 30% y el 40%. La magnitud del contrabando de oro resalta la urgencia de tomar medidas efectivas para controlar y regular la producción y exportación de este metal precioso.

La minería ilegal

Pablo de la Flor destaca que la minería ilegal e informal en Perú está creciendo de forma exponencial. Según sus estimaciones, la minería ilegal mueve aproximadamente 2.2 millones de onzas de oro al año, lo que representa el 39.9% de la producción nacional y equivale a unos 4 mil millones de dólares. Esta cifra ilustra el enorme impacto económico de la minería ilegal en el país.

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado para regular y formalizar a los mineros, ha tenido un impacto limitado. En 12 años de vigencia, solo ha logrado formalizar a 12 mil mineros, lo que equivale a aproximadamente mil mineros por año. Este ritmo de formalización es insuficiente para hacer frente a la gran cantidad de mineros ilegales, que se estima entre 200 mil y 300 mil, operando principalmente en regiones como Madre de Dios, Amazonas y La Libertad.

Ver también:  Crece la correlación entre Bitcoin y oro, mientras Ethereum sigue su propio camino

Propuestas

La burocracia excesiva es uno de los principales obstáculos para la formalización de la minería en Perú. Benavides menciona que el actual ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, está buscando soluciones rápidas para desburocratizar el sector minero y facilitar las exploraciones. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para agilizar los trámites y reducir las barreras que enfrentan los mineros formales.

Para combatir eficazmente la minería ilegal, es crucial implementar políticas integrales que aborden tanto la oferta como la demanda de oro ilegal. Esto incluye medidas para fortalecer la supervisión y el control en las zonas mineras, así como la colaboración con los países vecinos para combatir el contrabando transfronterizo. Además, es fundamental promover la formalización y brindar apoyo técnico y financiero a los mineros que deseen operar legalmente.

Ver también:  Solis Minerals identifica con drones objetivos prioritarios en su proyecto de cobre Guaneros (PDF)

Impacto Social

La minería ilegal no solo tiene consecuencias económicas, sino también graves repercusiones sociales y ambientales. Las operaciones mineras ilegales suelen realizarse sin cumplir con las normativas ambientales, lo que provoca la deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad. En regiones como Madre de Dios, la minería ilegal ha causado daños irreparables a los ecosistemas amazónicos.

Además, la minería ilegal está asociada con problemas sociales como el trabajo infantil, la explotación laboral y la violencia. Las comunidades locales a menudo se ven afectadas por la presencia de mineros ilegales, lo que genera conflictos y deteriora la cohesión social. Por tanto, es esencial que las políticas para combatir la minería ilegal también incluyan componentes de desarrollo social y protección ambiental.