Marco Falconí Picardo. Congresista de la República por la región Arequipa, integrante de la bancada Unión Regional y miembro titular de la Comisión de Constitución. Abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa.
El legislador explica los alcances de la denuncia que plantea la inconstitucionalidad del proyecto de reglamento para el gobierno y gestión de algunas instituciones financieras, por la que se ha citado al Congreso al superintendente de Banca, Seguros y AFP, Daniel Schydlowsky.
¿En qué se sustenta la denuncia que usted ha recibido sobre la inconstitucionalidad de un proyecto de reglamento elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP?
Hace algunas semanas llegó al despacho de todos los integrantes de la Comisión de Constitución del Congreso la denuncia de un ciudadano respecto al proyecto de reglamento presentado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para el gobierno corporativo y la gestión integral de riesgos de las empresas reguladas por la Ley General del Sistema Financiero (bancos, financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cajas municipales, entre otros). La denuncia asegura que el proyecto atenta contra algunos principios fundamentales del derecho constitucional.
¿Como cuáles?
La queja, que ha llegado a nuestro despacho, sostiene que el reglamento atenta contra el principio de legalidad y jerarquía normativa, pues se estaría pretendiendo ir más allá de la Ley mediante una norma de rango inferior (reglamento). Además se estaría violando el principio de taxatividad, ya que los nuevos requisitos e impedimentos que se establecerían para los accionistas no están precisados para que las empresas puedan saber qué condiciones deben respetar sus accionistas. También estaría infringiendo el principio de seguridad jurídica, dado que las empresas se tendrían que ceñir a requisitos que no tomaron en cuenta para acceder al sistema financiero, lo cual resta certeza y predictibilidad.
¿Quiénes se verían perjudicados con este reglamento?
Según la denuncia, el proyecto de reglamento aumenta los requisitos que deben cumplir los accionistas para mantenerse en esa condición, pues la Junta de Accionistas debe fijar criterios para garantizar adecuados niveles de idoneidad moral y solvencia económica, los mismos que deben ser aprobados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
¿A qué se refiere con idoneidad moral y económica?
La Ley de Bancos actual establece que para ser accionista de alguna entidad financiera se debe tener idoneidad moral, es decir, que no sean personas condenadas por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, atentado contra la seguridad nacional, traición a la patria y demás delitos dolosos, aun cuando ya se haya purgado condena por ellos. En cuanto a la idoneidad económica, se pretende evitar el ingreso de accionistas en proceso de insolvencia y quebrados, y de personas naturales o jurídicas a quienes se les haya cancelado su autorización de operación.
¿Cuál sería el problema si la SBS toma parte de la calificación de los accionistas?
Al darle la atribución para que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP califique esta «idoneidad moral» se estaría variando las funciones que ya están establecidas, por eso, la queja ciudadana considera que se afectaría el derecho a contratar libremente.
¿Esta idoneidad moral y económica solo alcanza a los accionistas?
Dentro de la denuncia, se advierte que los artículos 3° y 5° del proyecto de reglamento amplían el universo de sujetos obligados a cumplir requisitos para ser parte de una empresa del sistema financiero, se les denomina «beneficiarios finales».
¿Y quiénes son éstos?
Tal parece que el reglamento no precisa quiénes están incluidos en el rango de beneficiarios finales, ni los límites para ser considerados como tal. Asimismo, no estarían definidos los requisitos ni los impedimentos para este grupo de personas.
¿A ellos también se les exige idoneidad moral y económica?
De acuerdo al proyecto de reglamento, tanto los llamados «beneficiarios finales» y todos los accionistas deberán demostrar la idoneidad moral y económica para pertenecer a las instituciones financieras. No obstante, la ley vigente solo impone este rigor a los accionistas que poseen un porcentaje determinado del capital, aquí habría otro vacío que se debe esclarecer.
¿Qué otros aspectos aborda esta denuncia?
Se advierte que de aprobarse el reglamento se aumentarían las facultades de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, lo que incluso pondría en peligro las licencias de funcionamiento otorgadas hasta el momento, las que en un principio fueron dadas de forma indefinida.
¿Cuál es el camino que seguirá esta denuncia?
Cada vez que se recibe una queja ciudadana por una iniciativa de ley, se solicita que la autoridad autora asista al Congreso para responder y explicar los alcances del proyecto y así determinar la veracidad de la denuncia. En este caso, en la Comisión de Constitución se ha determinado que se solicitará la presencia del superintendente Daniel Schydlowsky para que explique si los argumentos de la denuncia recibida son ciertos. Aún no está determinada la fecha de su presencia, pero debe ser dentro de 7 y 15 días.
¿Usted considera que estas denuncias tienen asidero?
No quisiera adelantar opinión, esperaremos a ver lo que diga el superintendente cuando se presente en el Congreso, según eso podremos emitir un juicio certero.
¿Qué repercusiones podría tener esta denuncia?
Esto aún es un proyecto, si se encuentra que trasgrede los puntos que la queja argumenta o que va por encima de la ley, podría no aprobarse y no causaría mayor repercusión en la ciudadanía.
Pero deja a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, una vez más, en el ojo del tormenta.
Lo más recomendable es esperar la resolución de la comisión, si la SBS tiene argumentos para su proyecto no habrá mayores problemas.
¿Pero la denuncia parece tener un respaldo legal que le daría la razón?
Entiendo que aún no, la comisión dictaminará luego de escuchar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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