Mientras la escalada de protestas contra la minería crece en el país, en varios casos azuzada por autoridades locales, lo que sus electores poco conocen son los ingentes recursos que han recibido aquellos municipios por canon minero en los últimos años, y su poca capacidad para ejecutarlos. Por ejemplo, en el 2014, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a la región Áncash le correspondió una transferencia de S/. 748 millones por canon, regalías y derechos de vigencia, todos recursos procedentes de la minería. Sin embargo, en el presupuesto institucional modificado (PIM) del año pasado, esa región apenas presupuestó S/. 170 millones para gastar con recursos del canon, sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y otras participaciones. Peor aún, del PIM solicitado, al final Áncash solo giró (desembolsó como gasto) S/. 66 millones, es decir, 39% de los S/. 170 millones requeridos. Según cifras de ejecución presupuestal del MEF, en el 2014, dentro del PIM, los gobiernos regionales presupuestaron S/. 2,793 millones, ejecutando tan solo el 79%. Es decir, dejaron de gastar S/. 612 millones. Sin embargo, los que menos gastaron fueron los municipios, que presupuestaron por esta fuente de ingresos la suma de S/. 12,415 millones, pero ejecutaron 76.7%. Es decir, dejaron de gastar S/. 2,944 millones. Así, diez gobiernos subnacionales, que aglutinan el 85% del canon transferido, dejaron de gastar S/. 3,500 millones. Es decir, un 23%.
Gestión
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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