ProActivo | El Perú necesita nuevas herramientas de inversión público-privada para no desaprovechar el actual ciclo de transición energética. En las Sesiones ESG de los Premios ProActivo 2026, destacados panelistas coincidieron en que la demanda global no esperará a los procesos burocráticos locales, haciendo indispensable una modernización institucional que convierta los recursos del subsuelo en progreso tangible, planificado y continuo para las comunidades.
Aprovechar la coyuntura de los mercados internacionales exige una infraestructura sólida y una articulación eficiente entre los distintos actores de la sociedad. Esta fue la conclusión central de la Sesión de Gobernanza, un espacio moderado por la abogada y consultora minera independiente María Alejandra Delgado, que reunió al exministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero; al exviceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Raúl Molina; y al Gerente de Gestión Social de Kallpa Generación S.A., Luis Alburqueque, para analizar los riesgos y la trazabilidad de recursos en entornos complejos.
El factor tiempo frente a la demanda global del cobre
Uno de los aportes más determinantes sobre el contexto macroeconómico fue planteado por Jorge Luis Montero, quien instó a actuar bajo un estricto sentido de urgencia frente al mercado de minerales críticos. Lejos de las visiones convencionales que proyectan una bonanza interminable, Montero argumentó que el desarrollo tecnológico internacional obligará a buscar alternativas si la minería local no responde a tiempo.
El exministro fundamentó esta urgencia señalando de manera directa: «La fiebre del cobre no está comenzando, está acabando. Desde mi punto de vista, en 10 años ya no hay recicladores para tapar el forado y cuando haya el forado del cobre, ¿creen que las grandes tecnológicas se van a parar a llorar porque no hay cobre? No, lo van a sustituir».
Un fondo soberano para capitalizar el canon inmovilizado
Por su parte, Raúl Molina enfocó su análisis en las ineficiencias del gasto público dentro de las regiones mineras, detallando cómo la sobrerregulación administrativa mantiene 18,000 millones de soles paralizados en los sistemas estatales en lugar de cerrar brechas sociales en el territorio.
Molina sustentó las deficiencias de la inversión con un diagnóstico real recabado en el campo:
«18,000 millones de soles en proyectos que están dando vueltas en el sistema de inversión pública. De esos 18 mil, 13 mil están a cargo del gobierno central y del gobierno regional y 5 mil de los gobiernos locales de esa provincia. Esos proyectos están dando vueltas 20 años y solo unos pocos se han terminado, pero todos los años les van poniendo plata para expediente técnico, para preinversión, para una licitación que se frustra. 18 mil millones dando vueltas 20 años en una provincia minera del Perú. Eso es puro canon.»
Ante este escenario de parálisis, el exviceministro propuso una reforma financiera integral mediante el uso de alianzas estratégicas público-privadas a largo plazo:
«Si una partecita de ese canon de todas esas provincias fuera a un fondo soberano que pudiéramos capitalizar en mercado internacional a 30 o 40 años plazo, de ahí de repente salen los trenes.»
Compromisos estatales e incremento de la conflictividad
La falta de un seguimiento real a los acuerdos firmados en las zonas de influencia fue señalada como una de las causas directas del debilitamiento de la confianza ciudadana. Luis Alburqueque explicó que los canales de coordinación institucional suelen operar de manera tardía e inconexa, lo que termina por profundizar las crisis sociales.
Alburqueque fue explícito al respecto: «Se arman mil mesas, se arman cientos de espacios de diálogo, pero muchas veces, no se vayan a molestar conmigo, los compromisos que asume el Estado son los que agravan el conflicto social porque no hay un seguimiento, no se cumplen, no hay una articulación al interno del Estado.»
Claridad de roles y rendición de cuentas
Para que las estrategias de desarrollo dejen de ser meras declaraciones institucionales, la mesa concluyó que se requiere una delimitación estricta de las responsabilidades de cada actor en la sociedad, permitiendo que la ciudadanía ejerza sus derechos de fiscalización.
La moderadora María Alejandra Delgado remarcó la naturaleza económica de las instituciones al cierre de la sesión: «El Estado no es un generador de riquezas; el Estado es un administrador de la riqueza que producen los privados. No es que el Estado tenga un dinero, porque al final es el dinero de los contribuyentes y si ejercemos nuestra ciudadanía vamos a poder pedir que nos rindan cuentas.»
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