El horizonte es oscuro y la guerra por el oro acecha. Desde hace 5 años, el distrito liberteño de Pataz ha sido tomado por bandas criminales peruanas y extranjeras que, aliadas con mineros ilegales, pretenden tomar el control de las minas. Eso ocurrió, precisamente, el último sábado en la compañía Poderosa, donde 9 trabajadores murieron y otros 15 resultaron heridos graves tras la detonación de explosivos en uno de los socavones.
A estos delincuentes se les conoce como ‘parqueros’.
La policía ha identificado a siete organizaciones criminales que operan impunemente en Pataz, pero aún pueden ser más. Los primeros en ingresar a esa zona fueron los miembros de ‘La Jauría’, una de las redes más sanguinarias de Trujillo.
Los enfrentamientos entre mineros artesanales fue uno de los factores que motivaron a uno de esos grupos a contratarlos como seguridad para evitar que les arrebaten sus áreas de exploración del mineral. Sin embargo, al darse cuenta de que el negocio era rentable, la banda empezó a desplazar a los informales y crearon su propia ‘empresa’.
Así ingresaron también ‘Los Pulpos’, ‘Los Ochenta’, ‘Los Malditos de Río Seco’ y la banda del ‘Gato Coté’. Todas dedicadas al sicariato, extorsión, minería ilegal, tráfico ilícito de drogas y otros delitos agravados.
La pandemia; sin embargo, fue aprovechada por otras bandas extranjeras como el ‘Tren de Aragua’ para extorsionar y robar el oro extraído. A ellos se han sumado otros grupos como ‘La Gota Norteña’. Esta red, conformada por peruanos y venezolanos, es la que habría cometido la matanza en la mina Poderosa.
Caen presuntos asesinos
La PNP capturó a siete de sus integrantes que son investigados por la masacre. Se trata de los peruanos Luis Fernando Zapata Chimacero (26), alias Nero; Luis Gustavo Arias Benites (23), alias Toro; Agustín Oré Alfaro (54), alias Mocha; Dilser García Huamán (21), alias Pepón; y Maikol Torres Benites (23), alias Miky. Con ellos cayeron los venezolanos José Alexander Ramírez Valecillo (19), alias Cheto; y Junior Herrera Josa (25), alias Veneci.
Las operaciones de la Poderosa y de los mineros artesanales formales en el distrito de Pataz son afectadas permanentemente por estas bandas criminales que invaden con violencia extrema las labores, incluso las de los mineros ilegales que los llevaron como sus chalecos.
Pero estas acciones van más allá del robo y la extorsión, procesamiento y tráfico ilícito de oro; también perpetran actos terroristas, como la voladura de nueve torres de alta tensión.
La masacre fue otra señal. El sábado fueron asesinados los trabajadores Javier Gonzales Aguilar, Alan Taypecahuana Valenzuela, Alexander Alberto Casas Chiza, Edison Yuri Huacho Ccoscco, Mike Yohan Rayco Portal, José Rodolfo Valdivia Rafael, Efraín José Esteban Cantalicio, Alex Alberto Ángulo García y Heiner Ericson Román Fuentes.
Solo este año, en Pataz los asesinatos serían más de 25, según informes policiales.
Un desgobierno total
El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariño, exigió la presencia de la presidenta Dina Boluarte para tomar medidas urgentes, pues calificó este hecho como un “acto terrorista”. “Es algo muy doloroso y preocupante. En verdad esto hace notar el desgobierno. Esto ya colapsó”, afirmó en RPP.
Mariño indicó que hay una falta de acción por parte de las autoridades. “Vemos una inercia por parte del Ministerio del interior. Siempre he venido diciendo esto: no sirven de nada sus decretos de emergencia —a los que ha sido sometida esta provincia— si no le acompañamos de inversión, de decisión económica”, añadió preocupado.
El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, pidió la presencia del ejército en Pataz.
“Formalizar a ilegales”
Tras una actividad oficial, la mandataria lamentó esa masacre que fue generada por la minería ilegal. “La policía ya tomó control de la zona, estamos mirando cómo formalizamos esa minería ilegal que tanto daño hace en la patria”, precisó.
Ella no reparó que lo que se debe formalizar es la minería informal, mas no lo ilegal.
También dijo que pondrán atención al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) para determinar si los mineros ilegales que atacaron la mina Poderosa tenían permisos.
“No solo se está llevando a cabo extorsión, sino que están empleando explosivos para sus actividades, están derribando torres de alta tensión para evitar que la mina pueda producir. Ya están lindando en actos fuera de lo que sería la delincuencia, sino de terrorismo”, expresó el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
Añadió que dependiendo de las circunstancias, por flagrancia o por otro tipo de actividades, los responsables podrían ser sancionados y condenados por actos de terrorismo. Dijo que si se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas, y esta es solicitada por la PNP, las instituciones castrense irán a Pataz.
Ayer, hasta el campamento de la mina Poderosa llegaron 50 agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.
Manto de protección
“Estos trágicos sucesos no se dan de manera aislada, sino que responden a un espiral de deterioro de las condiciones de seguridad en la zona, consecuencia del crecimiento exponencial de la minería ilegal, ahora coludida con la criminalidad organizada, que operan con absoluta impunidad, amparada en el manto de protección que le otorga el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)”, dijo la empresa Poderosa en un comunicado.
Recordó que ya antes otros siete trabajadores fueron asesinados en sus instalaciones.
Durante el domingo, hubo pronunciamientos de diversos gremios empresariales y profesionales, como la Confiep, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ADEX, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, la Cámara de Comercio de Lima y la Cámara de Comercio de La Libertad.
“Pedimos no solo al Gobierno, sino también al Congreso y el Poder Judicial poner en marcha acciones para detener el avance de la minería ilegal que, en alianza con el crimen organizado, crea terror”, dijo la SNI.
La Iglesia también condenó este ataque. “¿Acaso en nuestra sociedad hemos llegado a niveles tan miserables e inhumanos que ya no importa quitar la vida a las personas?”, expresó monseñor Miguel Cabrejos.
Según los expertos, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Sunat no pueden seguir mirando al costado sabiendo que hay un tiranosaurio rex paseándose por las oficinas públicas. Hace falta que se tomen medidas sin cálculos políticos.
La Minería ilegal está en las 24 regiones
Enfoque. Rubén Vargas C., exministro del Interior
En las 24 regiones se realizan actividades de minería ilegal y están comprometidas más de 500.000 personas.
Representa el 47% de la producción aurífera del país y genera anualmente cerca de 3.000 millones de dólares.
La formalización minera (Ley 27651, del 2022) ha fracasado. En 20 años se han inscrito 87.771 mineros, el 92% de estos no son titulares de concesiones. Consiguieron formalizarse solo 11.000 (Minem, 2022).
Las continuas ampliaciones del Registro de Formalización Minera (Reinfo) han creado una zona gris muy conveniente, donde interactúan funcionarios corruptos, plantas procesadoras que lavan el oro ilegal, financistas, mineros ilegales y exportadores. En el Congreso hay varios proyectos de ley para volver a ampliar la vigencia de este registro y mantener el actual statu quo.
La Intendencia de Insumos Químicos de la Sunat, exactamente como pasa con la cocaína, no hace mayor esfuerzo para evitar el desvío de insumos para la minería ilegal. Un ejemplo es que hay solo cuatro empresas autorizadas para comercializar mercurio, pero este llega sin contratiempos al mercado negro.
El precio formal de un botellón (34,5 kg) está 600.000 dólares. Los mineros ilegales pagan por este mismo producto 6 millones de dólares.
La magnitud de este negocio obviamente genera poder fáctico y político cada vez mayor. Es más, han anunciado que formarían, junto con otras economías ilegales/informales, su propio partido político.