De acuerdo con un informe de IDL-Reporteros, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) chileno no resultó ser el modelo ideal. Y es que hasta fines del 2013, los chilenos tenían una pensión promedio que no alcanzaba ni siquiera el sueldo mínimo vital.
Según la citada investigación si uno se remonta a inicios de los 80, en Chile las AFP se habían presentado como la alternativa perfecta, desde el ámbito privado, para asumir con solvencia el sistema pensionario. Es por ello que el Perú toma como modelo este sistema con las mismas expectativas.
Volviendo al caso del vecino país del sur, cuando se creó el sistema de pensiones se prometió el equivalente al 70% del sueldo promedio de los últimos diez años de trabajo (lo que en jerga económica se conoce como tasa de reemplazo).
Es decir, si el sueldo promedio de un trabajador había sido de US$ 1.000 durante diez años, la pensión debería haber sido de US$ 700. Pero así no fue el caso.
Ante la avalancha de críticas de los jubilados por las bajas pensiones en Chile, en abril del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet formó una comisión liderada por el economista David Bravo e integrada por una veintena de especialistas en seguridad social, para que hiciera un diagnóstico del sistema de pensiones y planteara modificaciones.
El equipo tuvo especial interés en saber qué pensiones iban a tener aquellas personas que desde el inicio de su vida laboral estuvieron afiliadas a una AFP.
La comisión proyectó –por primera vez– cuáles serán las pensiones de este primer grupo de afiliados exclusivos del sistema privado, que recién se jubilará entre el 2025 y 2035.
Los resultados, señala IDL Reporteros, fueron dramáticos. “Un 50% de los pensionados (…) obtendrían tasas de reemplazo iguales o inferiores al 15% del ingreso promedio de los últimos diez años [de trabajo]”, según el informe de la comisión.
Es así que, si el sueldo promedio fue US$ 1.000, solo se lograría una pensión de US$ 150.
La República
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
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