La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) ve con suma preocupación el proyecto de ley aprobado por la comisión especial encargada de proponer la reforma integral del sistema previsional peruano.
La SNI indicó que en el país solo el 30% de la población laboral se encuentra en un sistema de pensiones. En ese sentido, nos encontramos ante una situación no sostenible en el tiempo y de justicia social, pues debe ser un objetivo nacional lograr que el 100% de los peruanos cuente con una cuenta previsional y puedan recibir una pensión mínima.
El gremio considera que este proyecto de ley no ha demostrado contar con la sustentación técnica y el consenso de los principales entes gubernamentales, de la sociedad civil y sobre todo de los propios afiliados, los que no deben perder el derecho de la libre afiliación y determinación del sistema al cual decidan pertenecer.
El sistema público de la ONP no ha logrado sostenimiento, siendo necesario que todos los meses sea financiado con impuestos que pagamos todos los peruanos pues sus fondos prácticamente desaparecieron bajo diferentes gobiernos que los usaron para fines políticos y no de previsión de sus aportantes.
Someter a los aportantes de las AFP a que sus fondos estén bajo una dirección estatal es contraproducente y requiere de un mayor análisis, pues en el país se ha logrado la confianza entre los aportantes buscando una mejor rentabilidad, derecho que debemos lograr que exista también en el sistema público de la ONP.
Una ley de esta naturaleza constituye de otro lado una apropiación ilícita de los fondos privados. Recordemos que son 7.8 millones de peruanos que han optado voluntariamente por contribuir al sistema privado con la intención de rentabilizar sus aportes. Obligarlos, mediante ley, a pertenecer a un sistema público es violentar esa decisión y exponerlos a un escenario aún no predecible de pérdidas.
No obstante, consideramos que tanto el sistema privado como el público necesitan cambios urgentes. Esos cambios deben garantizar que todo peruano tenga una pensión más alta y menores tasas de comisión con más competencia y más actores que las 4 AFP actuales, tal como ha sido mencionado por la propia presidenta de la Asociación de AFP.
Existen ya partidos políticos que han manifestado su desacuerdo sobre este proyecto, pues este no es el momento más adecuado para tratar una ley transcendental que deberá acercar más peruanos al sistema tanto público como privado de pensiones. Por el contrario, debe ser el resultado de un debate técnico, con estudios confiables que den la tranquilidad a los aportantes de que sus pensiones serán administradas responsablemente, sin riesgo de intromisiones políticas.
Finalmente, instó al Congreso de la República a analizar técnicamente este tema antes de tomar una decisión. El destino de los aportes de millones de peruanos está en juego. Seamos responsables no solo con el cuidado de nuestra salud, sino también de nuestras jubilaciones.