Diálogo_Empresas y Derechos Humanos

ProActivo | Ministros de Estado y representantes de la SNMPE y de la CONFIEP, con representante de  la OCDE, analizaron los alcances de la nueva ley Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos (PNA) 2021-2025, D.S. N° 009-2021-JUS.

En Perú, la reciente aprobación del Plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos fue una apuesta por el diálogo, una muestra de madurez y de buena voluntad de todos los actores del desarrollo del país tales como autoridades, empresariado y sociedad civil. Así lo señaló, Eduardo Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

“Fue un proceso con garantías concretas de que todos los actores tienen la oportunidad de hacer escuchar su voz, sus reclamos y sugerencias. Esto es incidir directamente en un plan de construcción de acción. Las discrepancias han permitido también conocerlas a profundidad y seguir trabajando para llegar a acuerdos”, dijo.

Explicó cómo emplearon matrices para transparentar con todos los actores los aportes presentados y las decisiones que adoptó el Ejecutivo con cada una de ellas. “Desde el primer momento hubo una activa participación de la Sociedad Nacional de Petróleo y Minería (SNMPE) y de la CONFIEP. Eso ayuda a tener un documento que refleja un consenso importante basado en el diálogo”, afirmó Vega en declaraciones recogidas por ProActivo.

Vega hizo un llamado al próximo presidente del Perú y a su gabinete para continuar con este plan nacional de acción y seguir reconstruyendo el país en base a él. “Quiero pedirles a las nuevas autoridades que asumen el 28 de julio que puedan valorar positivamente este esfuerzo de dos años donde ha habido un trabajo consensuado pero que a la larga ha dado a luz un documento que se convierte en una herramienta valiosa para el crecimiento del país, para la sostenibilidad, para mejorar la competitividad y para mejorar la vigencia en los derechos humanos”, invocó.

Lee también:  Confiep: Inversiones mineras podrían parar

SNMPE y CONFIEP

Igor Salazar, presidente del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos de CONFIEP y miembro del Consejo Directivo de la SNMPE, señaló que a partir de esta experiencia concluyeron que se debe seguir fomentando el diálogo multiactor de buena fe.

“Todos nos sentamos en la mesa, buscamos las brechas y oímos las voces de los afectados. Todos reconocen que este plan nacional de acción es el más participativo. Esto suma mucho en su legitimidad y validez. Todos los que participamos aprendimos mucho, sobre todo el sector minero/energético porque siempre ha estado involucrado en estos temas tratando de implementar las mejores prácticas. En cada diálogo e informe había una revisión e identificación de riesgos y el proceso de aprendizaje de todas las empresas”, declaró Salazar.

Agregó que ese acercamiento entre las diversas partes sumará mucho en la siguiente etapa de implementación del plan. “Esto recién empieza, hemos aprobado el plan nacional de acción, pero ahora viene la implementación. La pandemia nos cogió durante el proceso y surgieron nuevos problemas. Por ello el tema de la informalidad ha sido considerado en el plan nacional de acción”, indicó.

MINEM

Jaime Gálvez, ministro de Energía y Minas, señaló que en el caso de la minería hay un conjunto de riesgos recurrentes en todas las empresas que hay que aprender a gestionar para poder salvaguardar mejor el respeto a los derechos humanos.

Lee también:  Confiep: Inversiones mineras podrían parar

“Uno de ellos es el tema de la gestión comunitaria que es la gestión de compromisos. Es un tema donde hay muchas oportunidades de mejora, todavía falta transparentar los compromisos y clarificarlos. Que estos sean accesibles a la población y que ella sepa cómo se van cumpliendo. Sobre este tema se tejen muchos mitos. Generalmente las empresas cumplen la mayoría de sus compromisos, pero no todos. Ahí vienen los problemas de comunicación, y en el futuro eso se puede mejorar”, dijo Gálvez.

Agregó que también está el tema de los impactos ambientales de las empresas. Precisó que la presencia de una minera grande en un territorio causa una serie de impactos que hay que controlar. “En este asunto es muy importante señalar experiencias como el monitoreo ambiental participativo que ayuda a transparentar la verdadera situación de los problemas ambientales, que a veces se perciben de forma distorsionada en el aspecto social y estos monitoreos ayudan a hacer una mejor gestión de estos riesgos, Cuando la minera va más allá de la ley y se compromete con el desarrollo de su entorno es donde realmente hace más visible su aporte a la sociedad”, señaló.

Jaime Gálvez dijo que todavía hay mucho por hacer en temas de igualdad y diversidad y acercamiento con las poblaciones que viven cerca de las operaciones mineras.

“El código de conducta y el tema de género son muy importantes en el ámbito minero. Todavía la proporción de mujeres en los campamentos es relativamente pequeña y hay que apoyarlas también para que no tengan problemas con el resto del personal, incluyendo problemas de acoso. También falta estar más cerca de la población. Algunas mineras tienen equipos de relaciones comunitarias dentro de los campamentos y otras tienen oficinas en las pequeñas ciudades que están más cerca de la mina y son mucho más accesibles para que la gente se pueda acercarse y tener una relación más cercana. Es una buena práctica que podría extenderse a otras empresas”, declaró.

Lee también:  Confiep: Inversiones mineras podrían parar

OCDE

Germán Zarama, analista de Políticas y Punto Focal para América Latina y El Caribe de la OCDE para la conducta empresarial responsable, resaltó que el sector minero energético fue el precursor de este tipo de gestiones cuando en 2011 desarrollaron guías específicas dentro de la OCDE las que fueron consensuadas con las partes interesadas como sindicatos, sociedad civil, empresas y respaldadas por el gobierno para entender por qué en este sector se debía hacer una diligencia reforzada y establecer algunas banderas que alerten sobre posibles situaciones con los grupos vulnerables.

Germán Zarama destacó así a dicho sector por empezar a marcar la pauta para después abordar otros sectores como la agricultura, textil y financiero. “El hecho de que hoy la debida diligencia se convierta en un estándar de mercado es algo interesante, porque destacamos que cada vez más inversionistas y bancos revisan si su capital se está llevando a buenas prácticas o no”, afirmó.