El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, manifestó su descontento por la decisión reciente del Ejecutivo de allanarse a la derogatoria del decreto legislativo 1607 que contemplaba medidas para frenar el avance del crimen organizado asociado a la minería ilegal.
“Nos causa desazón y mucha incertidumbre que el Poder Ejecutivo se haya allanado a la decisión errada del Congreso de la República, que la semana pasada decidió derogar parcialmente el DL 1607, que contemplaba medidas para combatir el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país”, refirió Gobitz en un reciente comunicado.
“Esperábamos un análisis más exhaustivo sobre la pertinencia de dicha medida que condujera a una señal clara de lucha contra la criminalidad. Sin embargo, el Ejecutivo procedió sin reparo alguno, a dar marcha atrás sobre una norma que ellos impulsaron meses atrás y consideraban necesaria para combatir el crimen organizado, promulgando la Ley N° 31989 en edición extraordinaria del Diario El Peruano la noche del último miércoles”, agregó.
Como se sabe, la ley tiene la firma de la presidenta Dina Boluarte y del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pese a que diversos gremios empresariales enviaron un comunicado rechazando la decisión del Congreso de derogar dicho decreto porque significaba un retroceso en la lucha contra la criminalidad.
“Reiteramos que debe haber una diferenciación entre los mineros que realmente quieren formalizarse con aquellos que incurren en minería ilegal, que actualmente utiliza la inscripción al REINFO como blindaje para llevar a cabo sus actividades ilegales, sin que haya detrás ninguna intención de formalizarse. Esto es precisamente lo que buscaba cambiar la disposición complementaria hoy derogada”, refirió Gobitz.
“Hoy el país necesita de medidas firmes para combatir al crimen organizado y la minería ilegal que agobian a la sociedad peruana”, agrega.
En concreto, el dispositivo facultaba a la Policía a intervenir a los mineros que incurrían en tenencia ilegal de explosivos y les ponía como fecha tope el 20 de marzo para que puedan formalizarse.
Con el amplio aval del Congreso, podrán seguir extrayendo con total impunidad en operaciones mineras, sin control ambiental ni fiscalización policial, aumentando el riesgo de que siga campeando el crimen organizado, la extorsión, trata de personas y un largo etcétera de vicios que ninguna autoridad parece estar dispuesta a frenar.
Fuente: Perú 21