Una nueva ola de violencia se viene registrando en diversas regiones del país con el propósito de debilitar el sistema democrático, paralizar el sector mineroenergético y ahuyentar la inversión privada que es necesaria para asegurar el progreso del Perú.
Si bien el diálogo es una herramienta importante dentro de todo régimen democrático, consideramos que este diálogo debe darse sin presiones que busquen que el Estado peruano claudique en sus funciones, competencias y deberes.
En el Perú tienen que prevalecer las leyes, el principio de autoridad y el respeto a los compromisos asumidos, así como la paz social; más no la coerción y el caos que predican pequeños grupos violentistas.
No debemos permitir que los conflictos sociales que son alentados por una perversa campaña de desinformación de aquellos que viven del negocio de la pobreza, impidan el progreso de los pueblos del Perú.
Condenamos el ataque sistemático del cual es objeto el sector mineroenergético que invierte y trabaja por el desarrollo del país y de todos los peruanos.
Abogado por la UNMSM, con especialización en Derecho Mineroenergético. Maestrando en Gestión Pública por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Miembro del Grupo de Estudios de Derecho Mineroenergético – GEDEM. Asistente de la cátedra Derecho de Minería y Energía (2017 – 2018) en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Editor de ProActivo.
(Celular: 980 326 610 | Email: [email protected])
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