Por José Carlos de Piérola (*)
El Perú no tiene un problema de recursos, tiene un problema de confianza construida —y esa confianza se construye con infraestructura, colaboración y reglas que se cumplen—. Ese fue el punto de encuentro de una conversación sostenida al interior de un reciente panel entre expertos desde distintas miradas.
El punto de partida: mucho potencial, poca predictibilidad
El diagnóstico es indiscutible. El país tiene una cartera minera relevante, atrae capital de exploración y genera un efecto multiplicador de empleo e ingresos fiscales muy por encima de lo que su tamaño relativo sugeriría.
El problema no es geológico ni de demanda —la transición energética global está empujando la necesidad de cobre y litio a niveles históricos—. En cambio, el problema está en que los capitales, frente a yacimientos de calidad comparable, terminan destinando su inversión a los países que ofrecen reglas más claras, plazos que se cumplen y menor conflictividad. En otras palabras, la competitividad se decide menos en el subsuelo y más en la certeza que rodea al proyecto.
El agua no es el límite — la infraestructura sí lo es
Una de las comparaciones más citadas fue con Chile, pero no en el sentido habitual de “ellos tienen agua y nosotros no”. Chile tampoco parte de una ventaja natural: resolvió su déficit hídrico invirtiendo, durante años, en plantas desalinizadoras y en una política de agua que hoy sostiene a su industria minera. El Perú, en cambio, no enfrenta tanto una escasez de agua como una escasez de infraestructura y planificación hídrica.
Faltan represas, embalses y una política nacional que trate el agua como un activo estratégico y no como un conflicto pendiente. Esta misma lógica apareció, desde otro ángulo, en el testimonio sobre un programa de intervención hídrica en Cajamarca que lleva más de una década en marcha.
Cuando el agua se convierte en el objetivo común alrededor del cual se organiza la relación entre empresa, Estado y comunidad, dejan de discutirse solo obras puntuales y empieza a construirse un territorio con capacidad de sostenerse en el tiempo. El agua, entendida así, no es un riesgo que gestionar, sino la infraestructura de confianza sobre la que se construye todo lo demás.
Competir también es colaborar entre privados
Otra idea que atravesó el panel es que la competitividad territorial no depende únicamente de lo que el Estado resuelva. También depende de que las propias empresas del sector dejen de operar como islas.
El ejemplo de dos operaciones mineras vecinas que integraron procesos para producir de forma conjunta —reduciendo costos para ambas— ilustra un punto más amplio: compartir infraestructura, aprendizajes y buenas prácticas entre empresas del mismo territorio genera eficiencias que ninguna alcanza operando sola. Se trata de la experiencia de una provincia argentina que hoy encabeza los rankings de atractivo para la inversión minera regional y que refuerza la misma idea desde otro ángulo: no llegó a ese lugar solo por un régimen de incentivos fiscales, sino por años de planificación regional, articulación de actores y desarrollo de capacidades locales de proveedores.
El riesgo climático exige mirar en las dos direcciones
También hubo coincidencia en que las nuevas normas internacionales de información financiera relacionadas con sostenibilidad y clima —que en el Perú serán obligatorias para empresas grandes desde 2029— no deberían leerse como un requisito de reporte más. Exigen una visión de doble materialidad: entender cómo la operación afecta al entorno, pero también cómo el entorno —el clima, la disponibilidad de agua, la biodiversidad— afecta a la operación.
En ese sentido, se advierte que el capital natural y la biodiversidad siguen siendo un activo prácticamente invisible en la conversación sectorial, pese a que en otros países ya se transforman en instrumentos financieros concretos. Se recordó una vulnerabilidad muy peruana y muchas veces subestimada: el riesgo climático del fenómeno de El Niño, que, sin una estrategia conjunta entre sector público y privado, puede convertirse en una interrupción mayor a cualquier freno regulatorio.
La confianza territorial como eje común
Desde la experiencia de gestión pública se planteó una crítica clara: el Estado suele llegar tarde, esperando a que la inversión minera aparezca, para recién entonces atender las carencias de un territorio, en lugar de planificar con anticipación.
Esa misma reflexión señaló un problema de comunicación de fondo: cuando el mensaje del sector privado hacia la ciudadanía se reduce a “yo pago mis impuestos”, la población termina midiendo la relación con la industria únicamente en términos transaccionales. El desafío, coincidieron varias intervenciones, es correr el eje de la conversación de la obra puntual —un hospital, una carretera— hacia el resultado que esa obra debía producir y que muchas veces no llega a materializarse. Y aquí se conecta con un punto que también resuena desde la mirada industrial: el centralismo histórico del país, que ha concentrado desarrollo casi exclusivamente en Lima, le resta a regiones con enorme potencial minero —como Arequipa— la posibilidad de consolidarse como polos alternativos de desarrollo. Descentralizar no es solo una demanda de equidad regional: es también una condición de predictibilidad para quien evalúa invertir en el largo plazo.
Riesgos que el sector aún no termina de mirar
El cierre del panel identificó varios puntos ciegos que conviene no perder de vista.
La brecha de capacidades locales. Existen recursos financieros, pero faltan capacidades técnicas e institucionales para gestionarlos con eficacia en el territorio.
La biodiversidad y el capital natural, todavía ausentes de la conversación financiera del sector pese a su potencial como activo.
Las economías ilegales, que compiten por los mismos territorios sin sujetarse a ningún estándar ambiental, social o tributario.
La vulnerabilidad climática, en particular frente a El Niño, como un riesgo que requiere planificación conjunta y no solo respuesta de emergencia.
Una hoja de ruta que se ejecuta en simultáneo
La conclusión compartida fue que ninguno de estos frentes —agua, colaboración privada, riesgo climático, confianza territorial, descentralización— puede resolverse en secuencia, esperando primero destrabar uno para recién atender el siguiente. Se necesita una agenda de corto y de mediano plazo para el sector, con una hoja de ruta explícita, en lugar de iniciativas que dependen de qué tan comprometida esté cada gestión de turno con el tema. El sector avanza, en última instancia, cuando deja de operar como un archipiélago de actores desconectados y empieza a funcionar como un ecosistema con objetivos compartidos entre Estado, empresa, comunidad y academia. Esa articulación —no un yacimiento más grande ni un incentivo fiscal adicional— es la verdadera fuente de competitividad minera que al Perú todavía le falta construir.
(*) Gerente y Socio Fundador de Resiliencia y Territorio SAC.
Email: [email protected]
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