Oscar Gonzales Rocha.

Oscar Gonzales Rocha.

Oscar Gonzáles Rocha, presidente ejecutivo de Southern Peru, envió hoy un comunicado confirmando que la empresa “propone una pausa, un intervalo” de 60 días a la ejecución del proyecto Tïa María en la provincia de Islay, un día después de que terminara el paro de 72 horas que exacerbó el clima de violencia en la región de Arequipa.

“Hemos escuchado al Gobierno Nacional a través del Presidente de la República y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, señaló.

En ese sentido, agregó que “Southern Peru, propone una pausa, un intervalo, que beneficie a la población, un paréntesis que permita a todos presentar sus inquietudes y temores, identificar las soluciones, convenir el camino y definir las responsabilidades que cada uno debe asumir en un plazo razonable”.

El comunicado fue enviado inmediatamente después de que el premier Pedro Cateriano anunciara la decisión de la Southern Peru de hacer una pausa para evaluar el proyecto técnicamente.

El presidente de Southern Perú indicó sobre Tía María que “la empresa está dispuesta a hacer todo lo necesario en pro de la gobernabilidad y participar en un diálogo constructivo cuyo resultado, sea positivo para todos, y muy en especial para la Región Arequipa”.

Asimismo, Gonzáles Rocha hizo un “llamado a la paz” en Tía María e indicó que “una empresa que busca el desarrollo y es socialmente responsable, no puede ser indiferente a una realidad que afecta directamente a la zona donde se ubica uno de sus proyectos”.

“Me refiero a los lamentables hechos de violencia que vienen afectando a la población del Valle del Tambo y que ahora se han trasladado a la ciudad de Arequipa”, dijo, y agregó sobre Tía María que “ningún interés político, ni empresarial, puede estar por encima de la vida y la paz, más aún si hablamos de población inocente que ha tenido que dejar sus hogares para no ser víctima de la violencia”.

El Comercio