La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) alerta sobre la grave situación de inseguridad que afecta a Loreto, lo que no solo pone en alto riesgo la continuidad de las actividades de hidrocarburos, que es la principal industria de esta región, sino también la de su población y solicita a las autoridades nacionales restablecer el estado de derecho y la paz social.
El Oleoducto Norperuano (ONP) de propiedad del Estado y considerado un activo crítico nacional, debido a lo cual debe recibir un tratamiento de seguridad especial por parte de las fuerzas del orden, se encuentra paralizado desde hace mas de 8 meses, ha sufrido este año 12 ataques contra sus instalaciones, en los que incluso se han utilizado taladros y otras herramientas, que han dañado su estructura y provocado el derrame de crudo afectando de manera deliberada las fuentes de agua y los ecosistemas de los lugares impactados.
La paralización del ONP dificulta el transporte de la producción nacional de petróleo, que debido a ello debe limitarse al transporte fluvial a través de barcazas, encareciendo su logística y recortando los ingresos del oleoducto y la rentabilidad de su operación.
A pesar de la gravedad de los hechos, hasta la fecha, ni las investigaciones policiales ni fiscales han identificado a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes ambientales. Resulta inadmisible que en algunos casos las labores de remediación a cargo de Petroperú no hayan podido realizarse oportunamente, debido a la oposición de la propia población afectada también por los atentados, la que utiliza estos actos como una medida de presión para ser escuchados por el gobierno y que sus necesidades básicas sean atendidas.
Es muy grave lo que ocurre ahora mismo en el distrito de Puinahua, en la provincia de Requena. La empresa Petrotal que opera el Lote 95 ubicado en esa zona, ha denunciado públicamente que una organización indígena incita al uso de armas y la violencia para impedir el desarrollo de sus actividades de producción y amenaza a la población que no quiere sumarse a estos actos.
La ausencia de las autoridades y el efectivo cumplimiento de sus funciones, han permitido la toma de embarcaciones de pasajeros en el río Marañón, a quienes se les privó de su libertad y el bloqueo del transporte fluvial de crudo. Preocupa que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, que es la autoridad fluvial del país, no haya cumplido eficazmente con su misión de “velar por la seguridad de la vida humana y reprimir todo acto ilícito; ejerciendo el control y vigilancia de todas las actividades que se realizan en el medio acuático”, tal como lo declara y de acuerdo con la Ley.
La SPH se suma al llamado realizado por la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas en rechazo a la violencia y en la búsqueda del desarrollo sin acciones que puedan poner en riesgo la vida de las personas.
Insistimos en que el gobierno debe restablecer el orden interno de manera diligente y responsable para prevenir actos delictivos y violentos en contra de sociedad civil y la propiedad pública y privada, atender las necesidades de la población loretana usando correctamente los recursos que genera la actividad empresarial, como la industria petrolera que en lo que va de octubre de 2021 a setiembre de 2022 ha pagado 214,7 millones de soles por concepto de canon para esa región.