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El nuevo atentado al Oleoducto Nor Peruano (ONP), que se suma a la larga lista de sabotajes en contra de esta importante infraestructura de propiedad pública, amerita la intervención de la Policías Nacional y las Fuerzas Armadas para garantizar su protección y funcionamiento.
El ONP es un activo crítico nacional (ACN) y la legislación provee de medidas para su intangibilidad y la continuidad de sus operaciones, pero esto no ha ocurrido a pesar de las importantes pérdidas económicas que genera su paralización y el grave daño ambiental que genera un derrame de petróleo.
Un video difundido en la plataforma digital de un diario nacional muestra las súplicas del personal del ONP a un grupo de personas que impiden que hagan las labores de reparación y contención del derrame.
De acuerdo a la legislación de los ACN, es la función de la Dirección Nacional de Inteligencia identificar a quienes representen una amenaza y son una fuente de riesgo para el ONP.
Es el Ministerio de Interior el que debe garantizar, mantener y restablecer las condiciones de orden interno necesarias para la protección de los activos críticos nacionales. Los atentados permanentes al ONP ameritan acciones inmediatas.
Son las Fuerzas Armadas, en el marco de sus funciones constitucionales, las que brindan las medidas de protección y seguridad a los ACN “cuando su afectación, perturbación o destrucción generen un grave perjuicio a la nación” pero sólo “cuando el Presidente así lo autoriza”, de acuerdo al Reglamento para la Identificación, Evaluación y Gestión de Riesgos de los Activos Críticos Nacionales (ACN), dado por el actual gobierno a fines de 2017.
Resulta indispensable que el gobierno aplique esta regulación, garantice la integridad y seguridad del ONP, identifique y denuncie a los responsables de estos delitos ambientales y contra la propiedad pública, para que respondan ante la justicia, porque el respeto a la ley y a la autoridad debe ser exigible a todos los peruanos por igual.
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