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El consorcio, integrado por las empresas Odebrecht –con 55% de participación–, Enagás (25%) y Graña y Montero (20%), no presentó el cierre financiero para construir y operar el ducto. Ese incumplimiento habilita al Estado a anular el contrato y a convocar a una nueva licitación. Mientras eso sucede, Pro Inversión organiza un equipo…