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El gobierno chileno, que hace cuatro meses fijó nuevos aranceles al acero proveniente de China tras una decisión similar de la siderúrgica, tildó de “irresponsable” la determinación de la empresa, que afecta a 2,700 trabajadores de forma directa y hasta 20,000 si se contabilizan los empleos indirectamente vinculados a su actividad.