- La audiencia pública se realizó el 25 de agosto. La decisión del Tribunal Constitucional determinará si continúa el proceso de reorganización de la petrolera estatal y la eventual incorporación de inversión privada.
El martes 25 de agosto de 2026, el Tribunal Constitucional (TC) celebró una audiencia pública que podría definir el futuro de la petrolera estatal más importante del país. En su sede de San Isidro, el pleno del organismo evaluó las demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, la norma que establece la reorganización patrimonial de Petroperú.
A un lado de la mesa, los demandantes —la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad Provincial de Talara— sostenían que el decreto es inconstitucional. Del otro, los representantes del Ejecutivo defendían la urgencia de una medida que busca sacar a la empresa del abismo financiero.
Tras escuchar los alegatos, el pleno del TC dejó la causa al voto. La decisión final, que podría tardar semanas o incluso meses, definirá si la reestructuración sigue su curso o se frena en seco.
El Decreto de Urgencia N° 010-2025 y la reorganización de Petroperú
El Decreto de Urgencia N° 010-2025 fue promulgado el 31 de diciembre de 2025, en los últimos días del gobierno transitorio de José Jerí. La norma autorizaba una reorganización patrimonial integral de Petroperú mediante la conformación de bloques patrimoniales y la eventual incorporación de inversión privada. El gobierno argumentó que la medida era necesaria para garantizar la continuidad de la cadena de producción y la seguridad energética del país. Pero los críticos vieron en ella una “privatización encubierta”.
La Defensoría del Pueblo reaccionó de inmediato. En enero de 2026, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto. La Municipalidad Provincial de Talara se sumó poco después. Ambas entidades coincidían en un punto: el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades al eludir el debate parlamentario y vulnerar el principio de separación de poderes.
Defensoría cuestiona privatización y concesiones
Durante la audiencia, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, exigió que Petroperú no sea privatizada como activo para evitar su desmantelamiento y rechazó la posibilidad de que operen terceros bajo la modalidad de concesión. El defensor sostuvo que este tipo de esquemas suelen ser desnaturalizados con el tiempo, citando como antecedente lo ocurrido con los peajes, el gas de Camisea y otros modelos promovidos por ProInversión. “Petroperú es un activo crítico y estratégico para la seguridad energética nacional”, advirtió.
La Defensoría del Pueblo también cuestionó la legitimidad del decreto. Según su argumentación, la norma no cumple con los criterios de urgencia e imprevisibilidad que exige la Constitución para emitir decretos de urgencia. Además, vulnera el artículo 60.° de la Constitución, que establece que el Estado puede realizar actividades empresariales de manera subsidiaria y que las empresas estatales no pueden ser privatizadas sin una ley expresa.
La Municipalidad Provincial de Talara, por su parte, enfatizó el peligro de aplicar mecanismos de inversión privada sobre una empresa con rol estratégico para la soberanía y seguridad energética del país.
Ambas instituciones contaron con el respaldo de los colegios profesionales de Abogados e Ingenieros, que se sumaron a las críticas argumentando que la reorganización entrega activos clave sin control técnico ni respaldo constitucional.
Gobierno defiende reorganización ante crisis financiera
El gobierno, por su parte, defendió la medida como una respuesta necesaria a la crisis financiera de Petroperú. La empresa arrastra pérdidas millonarias y una deuda que supera los US$ 7,900 millones.
El decreto encargó a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) diseñar y conducir el proceso de reorganización. El plan contempla separar los activos y negocios de la empresa en bloques patrimoniales, para que puedan recibir tratamientos diferentes y eventualmente incorporar participación privada.
ProInversión ha sostenido que la reorganización no implica una privatización, sino un mecanismo para recuperar la solvencia financiera de la empresa, garantizar la seguridad energética y generar eficiencia operativa.
Fenpetrol también busca frenar la aplicación del decreto
Mientras el TC evaluaba la constitucionalidad del decreto, la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) libraba su propia batalla en el Poder Judicial.
El gremio interpuso una demanda de amparo para frenar la aplicación del decreto y proteger la estabilidad laboral de los trabajadores. La demanda fue admitida a trámite por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima y fijó la audiencia única para el 5 de octubre.
Fenpetrol argumenta que la reorganización podría derivar en despidos, tercerización de servicios y pérdida de derechos laborales dentro de la petrolera.
TC deja al voto el futuro de la reorganización
La audiencia del TC dejó al voto doce procesos constitucionales, entre ellos las demandas de inconstitucionalidad sobre la reorganización de Petroperú.
Los magistrados Helder Domínguez Haro (presidente), Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo Valdez y Pedro Hernández Chávez participaron en la sesión. El magistrado César Ochoa Cardich no participó del acto procesal, pero se avocará a las causas vistas.
El fallo del TC, cuando se haga público, tendrá implicancias que van más allá de lo jurídico. Si declara inconstitucional el decreto, la reorganización se detendrá y el gobierno tendrá que buscar otras vías para rescatar a Petroperú.
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